Inseguridad jurídica amenaza a las pymes

Permanentemente, la inseguridad jurídica amenazaa las pymes, desalentando la inversión, el crecimiento económico y, por supuesto, aumentando el desempleo.

Se conoció hace pocos días el dictamen de la Corte Suprema de la Nación, por el cual se le ordena a un depositante que, siendo beneficiado en primera instancia por un recurso de amparo, había recuperado sus ahorros en igual moneda depositada, proceda a la devolución de la suma recibida en dólares a fin de que sea pesificada. Por el principio de igualdad ante la ley, debería interpretarse que las deudas ante los bancos tendrían que pesificarse, pero, contrario sensu, gran parte de los compromisos contraídos por empresarios pyme ante los bancos en concepto de importación ha sido dolarizada.

• Tasas abusivas

Así les ocurrió a todos los importadores, sin distinguir si sus importaciones ingresaron como materias primas para elaborar, partes de piezas para ensamblar o fabricar, como repuestos de maquinarias, como bienes de capital o como mercaderías de consumo. Estos pequeños empresarios debieron o deberán pagar a los bancos en moneda dura, es decir, con dólares americanos, aplicándoles, además, abusivas tasas del orden de 18% anual o más en algunos casos.

Las numerosas presentaciones en convocatoria y pedidos de quiebra de medianas y pequeñas empresas desde la devaluación tuvieron como consecuencia la desaparición de compañías de larga trayectoria y, como resultado, mayor desinversión y desempleo, anulando la iniciativa de emprendedores generadores de riqueza. Tratando de dar solución a los conflictos planteados, se enfrentaron los diversos organismos que entendían en el asunto: el BCRA, apoyando la dolarización de las deudas; la Secretaría de Financiamiento y el Ministerio de Economía, que proponían la pesificación a 1,40 por cada dólar adeudado; y la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, en posición pendular. Cada organismo buscaba responsabilizar al otro en la decisión definitiva, para finalmente ninguno hacerse cargo ésta.

• Recomendaciones

Ante la caótica situación planteada por la desigualdad de criterios de aplicación, la inacción en destrabar los conflictos y la evidente incompetencia en tratar estos asuntos de parte de los organismos responsables, interviene finalmente en la cuestión el defensor del pueblo por pedido de una multisectorial. Largas y fundadas consideraciones respecto de la Ley 25.561 que dio por concluidas la Ley de Convertibilidad y la paridad del dólar, así como disposiciones diversas como circulares del BCRA que se contraponen con Decretos del PEN, hicieron que la Defensoría dispusiera, mediante resolución 31/2004 en su art. 1: recomendar al señor secretario de Finanzas del Ministerio de Economía y Producción que: a) se adopten en forma urgente las medidas necesarias a fin de asegurar la protección de las mipymes frente a la normativa reglamentaria de la ley de emergencia, acorde con los principios tuitivos oportunamente establecidos por Ley N° 25.561;

b) se implementen medidas tendientes a que los organismos del gobierno nacional con pertenencia especificada en el tema, se aboquen en forma coordinada e inmediata a delimitar el correcto alcance de las disposiciones del Decreto 410/02;

c) se coordine la acción de dichos organismos de tal manera que las propuestas de solución sean emitidas en los tiempos y las condiciones que la gravedad y urgencia del caso ameritan; y

d) se implementen medidas tendientes a morigerar los desequilibrios ya verificados hasta tanto se acuerden soluciones de fondo a la cuestión planteada por las mipymes, en orden al resguardo de las fuentes de trabajo que ellas generan. Queda evidenciado que el trato otorgado a las empresas (sobre todo, a las pymes) ha sido por lo menos equivocado, dado que el mismo Estado que dice tutelar las fuentes de trabajo, promoviendo legislación que las proteja y aumente, se desentiende de los problemas que aquejan a los pequeños y medianos empresarios, obligándolos a distraer su tiempo y recursos en presentaciones como único medio para cuidar sus maltrechas empresas. Las autoridades deberían evaluar lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia y actuar en consecuencia buscando un punto de equilibrio y paridad ante la ley para no seguir afectando a las pymes con la dolarización de sus deudas.