Presentarse a un plan de facilidades de pago para cancelar deudasimpositivas ya se convirtió en una pesadilla en la Argentina. Al fallidointento del gobierno para derogar el bloqueo fiscal, después de haber llamado auna moratoria prometiendo que esa medida no se iba a tomar, ahora aparece otrasorpresa que complica más todavía a los grandes contribuyentes que confiaron enla buena fe de los «perdones impositivos» del gobierno. La AFIP denunciópenalmente por evasión, obligada por el Código Penal, a miles de contribuyentesque se presentaron en el último llamado a regularizar su situación y que en laactualidad se encuentran pagando correctamente. El problema fue reconocidoayer por el propio Héctor Rodríguez en la Comisión de Presupuesto yHacienda de Diputados cuando le pidió a los legisladores la sanción de una leyque impida que sean denunciados quienes se presentan de buena voluntad ante elfisco. Ahora el Congreso podría sancionar una ley especial, incluso se habla deintroducir un artículo al Presupuesto Nacional para el 2001 para excluir lasanción penal para quienes se presenten a blanquear sus ganancias ante elorganismo recaudador. Pero eso no bastaría: en Diputados se analiza lanecesidad de sancionar una amnistía para «perdonar» a quienes se presentaron ala moratoria confiando en aclarar sus cuentas y cayeron en la trampa.
La historia es simple. Cuando la DGI detecta algún tipo de fraudefiscal que supere el millón de pesos sus funcionarios están obligados adenunciarlo. De lo contrario pasan a ser responsables por encubrimiento.Este deber tiene origen en el Código Penal que obliga a cualquier funcionariopúblico a denunciar la comisión de un delito cuando llega a su conocimientoestableciendo para el imcumplidor un agravamiento de la figura penal.
Hasta aquí todo parece normal. Pero sucede que bajo este principio losfuncionarios de la DGI comenzaron a denunciar penalmente a quienes sepresentaron al último plan de facilidades de pago, el convocado por el Decreto93/2000. Esos contribuyentes concurrieron al llamado del gobierno, reconocieronsus deudas, actualizaron su declaración de ingresos y de Bienes Personales yluego comenzaron a pagar las cuotas correspondientes.
Es obvio en que muchos de esos casos la DGI detectó evasores. Es más,los propios implicados debían reconocer esa situación al ingresar en un plan defacilidades. Sería ridículo pensar que se presenta quién nada debe.
Dictamen
Quienes declararon deudas inferiores a $ 1.000.000 no tuvieron mayoresinconvenientes, pero quienes superaron ese monto fueron denunciados penalmentepor estar atrapados en las sanciones de las leyes 23.771 y 24.769, es decir laPenal Tributaria.
La pregunta entonces sería: ¿Nadie pensó al convocar a un plan defacilidades que se detectarían lógicamente infracciones a la Ley PenalTributaria que el propio contribuyente reconocería para comenzar a regularizarsu situación? La respuesta es: sí.
El 17 de mayo de este año la Asesoría Legal de la DGI emitió un dictamenen el que declaró: «No corresponderá la formulación de denuncia a loscontribuyentes que se acojan al régimen instaurado por el Decreto 93/00 entanto y en cuanto su presentación no se produzca a raíz de una inspeccióniniciada...».
Ese dictamen se emitió en respuesta a una carta que el ConsejoProfesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal le envió a José LuisMachinea el 3 de mayo de 2000 donde los contadores le advertían al ministro:«...el éxito no será el esperado si no se contempla con toda precisión laprocedencia de la exención de las sanciones previstas en la ley PenalTributaria para aquellos contribuyentes que no habiendo sido objeto de denunciapenal o querella por parte de la AFIP, regularicen sus deudas en los términos ycondiciones previstos en el Decreto 93/2000».
Pero a pesar de ese dictamen, que en un principio llevó tranquilidad alos contadores que recomendaron a sus clientes presentarse al plan defacilidades, un tiempo después las denuncias penales comenzaron a ingresar atribunales.
Y es que un razonamiento mínimo indica que un dictamen de la AsesoríaLegal de la DGI no protege a los funcionarios frente a la obligación queestablece por ley el Código Penal de denunciar ante el conocimiento de undelito.
El primer dolor de cabeza para el jefe de la AFIP llegó hace 20 díascuando en Bariloche durante la Asamblea Anual de Profesionales de CienciasEconómicas los contadores se echaron encima de Rodríguez para explicarle lasituación de muchos de sus clientes empresarios: «Están pagando y van a irpresos», fue el reclamo.
La acción se trasladó al Congreso cuando ayer Lamberto le preguntó aRodríguez por el problema durante una reunión de Presupuesto y Hacienda. Allíel funcionario le pidió a los legisladores una solución.
«Estamos preparando un artículo, que podría ir en el presupuesto, paracorregir este tema. El problema es que en la DGI hay instrucciones muylaxas sobre el problema, pero nadie se quiere meter. Si esto fuera una novelase debería titular: «Acójase a la Moratoria y vaya en cana», dijo ayerLamberto, que además de diputado es contador.
Pero los diputados deberían avanzar aun más. Un dictamen legal quepidieron en la comisión alerta que: «El problema que no soluciona la normaproyectada es en los casos de denuncias respectos de conductas que de norecurrirse a una amnistía no tendría solución». Es decir, la ley que obligó alos funcionarios a denunciar es de orden público. Las denuncias presentadas nopueden retirarse y la Justicia debe seguir avanzando.
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