Intentan nueva ley para frenar salida de depósitos por amparo

El Senado esperaba anoche el ingreso de un proyecto de ley que habilita la apelación de Estado en los amparos presentados por ahorristas estableciendo que los fondos depositados sólo se devolverán cuando exista sentencia firme en cada uno de los pedidos a la Justicia. Así, el dinero de los plazo fijos reprogramados no podrá devolverse con la simple habilitación de la acción de amparo, como hasta ahora, sino que la cuestión podrá pasar a la Cámara en lo Contencioso Administrativo y luego a la Corte. El procedimiento exige que, una vez que el juez hace lugar al amparo los fondos de cada ahorrista pasan a constituir un depósito judicial indisponible y en ese estado deben quedar hasta que la sentencia quede firme. De esta forma, aunque en el final del proceso judicial se confirme el derecho del ahorrista a cobrar, el gobierno y los bancos ganan tiempo y los fondos quedan bloqueados dentro del sistema.

El proyecto inicialmente fue promocionado como una idea de los bloques de diputados y senadores del PJ que había sido llevado a la residencia de Olivos como una especie de «plan económico». «El plan es éste, ahora hay que encontrar un ministro que lo aplique», decían ayer, sin ningún rasgo de humildad, en el bloque peronista de Diputados.

Después se supo que en realidad Duhalde le había bajado la idea a sus diputados y senadores que originalmente incluía: el freno a los amparos --vía exigir sentencia firme para devolver fondos-; un anclaje del dólar a un valor de entre $ 2,50 y $ 3 y la ratificación del cronograma lanzado en febrero pasado para la devolución de los depósitos y que comienza en enero de 2003.

• Inconvenientes

De todas formas anoche existían algunos inconvenientes en torno a los problemas técnico-jurídicos del freno a los amparos. Se sabe que mayormente los depósitos judiciales se realizan en el Banco Ciudad, lo que implicaría girar el dinero de los bancos originales, lo que no conforma al sistema financiero por no solucionar los problemas de liquidez.

Esta cuestión podría solucionarse también en la modificación al Código de Procedimiento Civil y Comercial constituyendo cada banco como depositario judicial.

También se busca apelar a una figura que ya están utilizando algunos jueces, no es el caso de Martín Silva Garretón, que en casos de necesidad grave, como problemas médicos, hacen lugar a los amparos hasta el monto que necesita el ahorrista y el resto lo dejan en custodia en el mismo banco donde está radicado el depósito.

De esta forma se estaría haciendo lugar al pedido de los bancos que vienen insistiendo en que es imposible que se devuelvan los depósitos con la mera presentación de los amparos, sin tener sentencia firme, es decir, sin resolver la Justicia sobre la cuestión de fondo que es la inconstitucionalidad del «corralito».

El proyecto que ayer definió Duhalde con senadores y diputados reemplaza definitivamente al plan BONEX y fue elaborado por el Ejecutivo y chequeado durante toda la tarde de ayer con diputados y senadores del PJ.

En su versión original el gobierno pretendía incluirle un punto más, no menor: el establecimiento de un tipo de cambio fijo con un valor alto para el dólar. Pero finalmente se decidió tratar esa cuestión en un proyecto aparte.

Finalmente el Senado decidió tratar el proyecto hoy. A las 10 se reunirá la Comisión de Labor Parlamentaria donde se armará la agenda de la sesión que incluirá la sanción de la derogación de la ley de «subversión económica» y la modificación al Código Procesal Civil y Comercial frenando los amparos.

El radicalismo se mantenía ayer a la expectativa de la presentación del proyecto. Por lo pronto el jefe del bloque radical, Horacio Pernasetti, respaldó hoy la sanción del proyecto para que los fondos congelados en el «corralito» se devuelvan sólo cuando exista una sentencia firme, pero se negó a apoyar cualquier anclaje en el precio del dólar y mucho menos si es a través de una nueva ley de convertibilidad: «Me parece que volver a la convertibilidad no resuelve los problemas que tiene el país para equilibrar el déficit fiscal ni para aumentar la competitividad de su economía», dijo Horacio Pernasetti.