Resulta necesario hoy más que nunca analizar las consecuencias que tendrá la recientemente aprobada ley que reformó nuevamente el sistema previsional. Es que la combinación de libertad de traspaso, asignación de indecisos y ampliación de la cobertura que dispone la norma tiende a incrementar la participación del sistema de reparto dentro de la masa de afiliados. Sumado a las decisiones que vino tomando el Ejecutivo de aumento de las jubilaciones mínimas, el sistema de reparto apunta no sólo a incrementar su tamaño, sino también a contener un mayor componente redistributivo, a costa de pérdida de proporcionalidad respecto de lo aportado. Este cambio significativo merece un mayor debate conceptual que el que está teniendo. Pero además de ello, se generan interrogantes sobre la sostenibilidad fiscal intertemporal del sistema. En la medida en que los traspasos a reparto sean significativos, mejorará la recaudación de la ANSeS de corto plazo, pero se incrementan las obligaciones de pagos de jubilaciones del Estado en el futuro.
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Al respecto, tal como fue aprobada la ley, la libertad para cambiarse de sistema hasta diez años antes de jubilarse abre la posibilidad de arbitrar entre sistemas, en teoría favoreciendo realizar aportes al de capitalización en edades tempranas (aportes que tienen muchos años para capitalizar rentas) y el traspaso a reparto en edades avanzadas ya que el tiempo para capitalizar es menor. Este arbitraje teórico habrá que verlo en la práctica, ya que los antecedentes indican que el haber jubilatorio de reparto depende más de la situación macrofiscal de cada momento que de las promesas de pago. Aun así, entendemos que deberá ajustarse la reglamentación para reducir el incentivo de arbitraje, que no favorece a ninguno de los dos sistemas.
Cabe recordar también que se encuentra pendiente de definición judicial la movilidad de los haberes, lo que incrementa el interrogante fiscal de mediano y largo plazo. En épocas de bonanza como la actual, formar un fondo de capitalización conjunta de los excedentes previsionales públicos podría ayudar a evitar los errores cometidos en el pasado. Llama la atención que el proyecto no haya sido acompañado por proyecciones que sirvan de punto de partida para generar un debate serio de sus implicancias de largo plazo.
La normativa también introduce cambios en el funcionamiento del régimen de capitalización. Las comisiones de las AFJP se limitaron a 1% del salario, lo que en el corto plazo no genera cambios relevantes ya que es cercana al promedio actual, pero conceptualmente, dada la competencia entre las AFJP y la competencia que tendrán con el sistema de Reparto, fijar un precio máximo a las comisiones no resulta acertado. A la vez, se propone un cambio profundo en los seguros de invalidez y fallecimiento, creando un sistema de aportesmutuales a ser deducido del fondo acumulado junto con un esquema de compensaciones entre administradoras para uniformar los costos. Este cambio suena a priori razonable, aunque dependerá mucho de cómo sea reglamentado.
Inversiones
La iniciativa también impone un mínimo de 5% (y máximo de 20%) de las carteras de las AFJP a ser orientados a proyectos productivos o de infraestructura de mediano y largo plazo. Si bien los fondos de pensión deben jugar un rol importante en el financiamiento de largo plazo al sector privado, la traba a este financiamiento no radica en un problema de máximos y mínimos, sino en la necesidad de generar instrumentos que alienten su desarrollo. La fijación de un porcentaje mínimo (cosa que no existe para el resto de la cartera) sin los instrumentos adecuados podría obligar a las AFJP a financiar proyectos no viables, que afectarán negativamente a los futuros jubilados. Una de las principales trabas a resolver radica en la moneda de denominación del financiamiento de largo plazo. La alternativa de centrarse en el dólar genera problemas de descalce de monedas, el peso no ajustable tampoco es una solución en un contexto inflacionario, mientras que el ajuste por CER general choca con la compleja historia indexatoria de nuestro país. En este contexto, hay caminos intermedios para explorar como ser el ajuste por «valor producto» de manera de ligar el pago futuro a los precios de los productos/ servicios que se generen con la inversión. Entendemos que estos temas deben ser debatidos más profundamente a fin de aprovechar las oportunidades que hoy ofrece la coyuntura.
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