Juez Griesa de EE.UU. dio 48 <br>horas para u$s 19 millones

Todo indica que, en este caso, la Justicia será favorable al gobierno. Pero queda a la vista que se busca cualquier resquicio legal que permita sancionar al país por la demo-ra en negociar seriamente con acreedores. Hasta el embajador José Octavio Bordón no descartó nuevos pedidos de embargos a cuentas de particulares y empresas que deban al Estado. Griesa ya tiene informes por causas de evasión y corrupción que puedan llevar a cuentas en el exterior. Kirchner hoy se entrevistará con el ministro alemán Hans Eichel. Ese país votó a favor de la Argentina en el FMI, pero si no hay seriedad en el proceso, puede dar un giro.

Thomas Griesa

El suspenso respecto del destino de las cuentas del Correo Argentino en Nueva York se mantendrá hasta el viernes de la semana próxima. El juez Thomas Griesa le dio tiempo hasta el jueves al mediodía a Guillermo Gleizer, el abogado que había solicitado la inhibición, para que demuestre de manera concreta que los fondos pertenecen al Estado nacional y no a una empresa privada.

Claro que luego dará una semana al gobierno argentino para que presente su descargo, para recién allí tomar una resolución final. Mientras tanto, los fondos del Correo en el exterior continuarán en la situación que mantienen desde el viernes por disposición de Griesa, es decir congelados.

«Si no consigue demostrar claramente que los fondos de esta empresa pertenecen al Estado argentino, levanto automáticamente la inhibición», explicó el magistrado. Hay en juego un total de u$s 19 millones correspondiente a dos cuentas que la empresa posee en los bancos BNP Paribas y Lehman Brothers.

•Condición

Esta postura de Griesa reduciría las posibilidades de que otras empresas sufran congelamientos de fondos por parte del magistrado, ya que éste dejó claro que avanzaría exclusivamente en caso de comprobarse que se trata de fondos pertenecientes al gobierno. La audiencia duró poco menos de una hora y también participó Jonathan Blackmann, abogado del estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, que representa al gobierno argentino. El fue quien comenzó exponiendo, de manera breve pero contundente: «Estas cuentas no son del Estado, sino de una empresa privada que está en concurso de acreedores», explicó. Esa misma explicación había brindado Correo Argentino, a través de un comunicado de prensa firmado por su presidente, Raúl Casa.

«Si es así, no hay nada más que hablar; levanto la medida inmediatamente», se apresuró Griesa tras escuchar la presentación argentina. Sin embargo, rápidamente llegó el contraataque de Gleizer en representación de Macrotecnic, el fondo que presentó el pedido de embargo sobre Correo Argentino: «Existen distintas disposiciones oficiales que demuestran que esta compañía pertenece al Estado argentino; por lo tanto, debe mantenerse esta inhibición y procederse al embargo», reclamó.

La resolución del juez fue tomarse más tiempo para contar con más elementos de juicio. Puntualmente, solicitó a Gleizer que acercara toda la información sobre la situación actual del Correo y la forma en que se procedió a su reestatización. Tras esta decisión del Estado, quedó una compañía residual que es la que ahora se encuentra al borde de la quiebra.

•Incorporación

El «as en la manga» que presentó Gleizer pasa por la Resolución 32 que el 12 de febrero de este año emitió la Secretaría de Comunicaciones, que depende del Ministerio de Planificación Federal. (Ver texto completo) Puntualmente, el artículo 4° menciona que «la totalidad de los bienes adquiridos por el ex concesionario Correo Argentino SA... se incorporan en su totalidad al dominio del Estadonacional». Los abogados representantes del gobierno reconocieron no estar al tanto de esta disposición y solicitaron más tiempo para estudiarla, lo que demostró una total falta de coordinación entre Planificación Federal y el Ministerio de Economía.

«Es un argumento pobre; de ninguna manera Griesa va a darles la razón, porque en ningún lado figura que esos fondos son parte del Estado», explicaron ayer altas fuentes del gobierno.

Ocurre que la resolución especifica en un anexo cuáles son específicamente los bienes del Correo SA que pasan al Estado. Y allí no se incluyen cuentas bancarias (ni en la Argentina ni en el exterior), sino software, muebles y maquinarias, por un valor total de $ 48,2 millones. «Era indispensable que el Estado se quedara con estos bienes para asegurar la normal prestación del servicio», explicaban ayer abogados que representan al Estado.