La Argentina inauguraría el tribunal de quiebras

Dentro del acuerdo que se está terminando de negociar en Washington, habrá una cláusula en la que se determinará con precisión la fecha en la que la Argentina retomará el contacto con los acreedores. Incluso esa postura fue reforzada por el subsecretario del Tesoro, John Taylor, y el objetivo de la misma es no sentar precedente de que un default de un país no impide el acceso a un acuerdo con el FMI y apoyo para una salida de la crisis.

Tal como anticipara este diario, la reestructuración de la deuda argentina pasará para el próximo gobierno. De todas maneras, la exigencia de los organismos internacionales es que se comiencen ya las conversaciones con diferentes acreedores. Incluso en Washington dan por seguro que la Argentina será el primer caso del régimen de quiebras que desde el FMI se busca crear para tratar los default de países, mecanismo que fue diseñado por la N° 2 del FMI, Anne Krueger. «Se espera que ese mecanismo se defina en abril próximo y su adopción para octubre del próximo año durante la Asamblea Anual del FMI», señaló a este diario Eugenio Bruno, abogado especializado en cuestiones financieras internacionales.

Ese nuevo tribunal de quiebras, según explicó Bruno, contempla que durante el plazo de reestructuración deberían suspenderse los pagos de capital e intereses; que los acreedores no podrían recurrir a los tribunales mientras se sustancia el procedimiento de insolvencia ante ese tribunal supranacional; que los países deudores deberían tratar equitativamente a todos los acreedores y adoptar políticas fiscales responsables, acordando un programa económico con el FMI entre otros puntos.

Paralelamente ayer se reunieron los principales ministros de Economía de las provincias en los que los juicios del exterior contra las gobernaciones fueron el tema principal del encuentro. Allí el ministro Diego Cabrera de Formosa expuso el caso de esa provincia, que obtuvo un fallo favorable a una demanda de la entidad financiera Wassertein & Perella en febrero de 1997, que reclamó a la provincia honorarios por una infructuosa colocación de pagarés. Tras cinco años de una virtual batalla legal -encabezada por los abogados estadounidenses en representación de las provincias Allan Berlowitz y Luis Alberto Flores-se llegó a una resolución favorable. En ese encuentro de ministros provinciales se destacó la necesidad de tomar recaudos frente a las diferentes demandas que podrían sobrevenir del exterior, no sólo relacionadas con la cesación de pagos del país, sino también con los contratos de asesoramiento financiero o mandatos que se firman con entidades.