La Auditoría General de la Nación comenzará a investigar hoy mismo el megacanje, según lo acordado ayer por el PJ y la Alianza. Sin necesidad de llegar a una votación dividida, se consensuó el plan de trabajo propuesto por el auditor del peronismo Héctor Durán Sabas que fijó un plazo de 20 días para elevar el informe sobre el canje de deuda al juez federal Jorge Ballesteros, que investiga en Tribunales el acuerdo con los bancos por la deuda.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
El juez Ballesteros comenzó a armar un expediente a partir de una denuncia del abogado radical Juan Carlos Iglesias y de algunos militantes justicialistas. Las querellas apuntan a determinar si están fundadas las sospechas de que Domingo Cavallo y el vice de Economía, Daniel Marx, cometieron, presuntamente, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público en esta negociación. Iglesias y los demás demandantes subrayan en sus reclamos que los bancos privados que participaron de la operación recibieron $ 132 millones en concepto de comisiones, más otros $ 100 millones en el rubro gastos. Ballesteros reclamó a los auditores que «informen sobre los aspectos jurídicos, económicos, bursátiles y administrativos y cualquier antecedente» del megacanje. Bajo la lupa tribunalicia se ubican las secretarías de Finanzas y de Hacienda, la Oficina Nacional de Crédito Público y la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
El cuarteto de auditores PJ, que animan Rodolfo Barra, César Arias, Durán Sabas y Julio Casabellos, no necesitó imponer su mayoría frente al oficialismo, representado en este organismo por Francisco Fragoso y Alfredo Fólica, ambos de la UCR, más el frepasista catamarqueño Mario Fadel. La Alianza no puso obstáculos, durante la reunión de ayer por la mañana. Se estima que los aliancistas no quisieron fomentar un eventual escándalo para frenar la pesquisa que, gracias a la superioridad justicialista, se hubiera aprobado de cualquier manera. Hubiese sido contraproducente, asimismo, dejar al descubierto poca voluntad de poner la lupa sobre una cuestión cuanto menos polémica y ya instalada en la opinión pública.
En los días previos a tratar la materia, Durán Sabas intentó «despegar» la embestida de la detención de Carlos Men em, ya que el peronismo viene siguiendo con atención esta renegociación de la deuda desde antes que Jorge Urso dispusiera la prisión domiciliaria del ex presidente.
El gobierno, por supuesto, procura mostrar que se trata de una vendetta por el cautiverio del antecesor de Fernando de la Rúa. En algún momento se especuló también con aplicar la misma figura de asociación ilícita que impuso el fiscal de la causa armas al riojano más famoso, pero en este caso al Ejecutivo de turno, más Cavallo y Marx. Todos los auditores hicieron coro con Durán Sabas respecto de «despolitizar» la investigación. La «línea», como se identifica la gerencia -a la sazón la de deuda pública e identificada por el radicalismo-que interviene en la pesquisa, coincidió finalmente con la demanda de la oposición, a pesar de que insistió con extender más allá de los 20 días el lapso para expedirse y llevarlo a 4 meses. Según la presentación original del oficialismo, el resultado recién se conocería a fin de año o en 2002. De esta forma, hubieran quedado diluidos los efectos de la investigación que el PJ pretende acelerar.
Dejá tu comentario