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Tradicional eslabón débil del sistema bancario español, las cajas de ahorros, establecimientos regionales a menudo de reducido tamaño y que no cotizan en bolsa, han sido impulsadas en 2010 por el gobierno y el Banco de España a reestructurarse con el fin de mejorar su solidez financiera.
La ola de fusiones y esfuerzos de saneamiento llevados a cabo el pasado año por estas entidades reduciendo su número de 45 a 17 cajas de ahorros se ha visto reforzado con la exigencia del ejecutivo español de que algunas cajas necesitarán un mínimo de un 10% de capital básico.
La exigencia de ese 10% de capital básico de máxima calidad se exigirá a las cajas que no coticen, o que no tengan una presencia de inversores privados de, al menos, el 20%, y cuya liquidez dependa en más de un 20% de los mercados mayoristas.
"El sector financiero sigue suscitando algunas dudas en los mercados y por eso presentamos este plan, para reforzar la solvencia y la credibilidad de nuestro sector financiero. Así será más fácil obtener financiación, será más fácil seguir obteniendo beneficios", dijo la ministra española de Economía, Elena Salgado, tras presentar estas normas.
Esto va a obligar a algunas cajas de ahorros a buscar liquidez suplementaria mediante la venta de activos, entrando en bolsa o asociándose a mayores grupos inversionistas.




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