La SEPI amenaza ahora con cerrar Aerolíneas en 10 días

Ayer los gremios aeronáuticos adelantaron que hoy paralizarían todos los vuelos nacionales, ante las noticias de un inminente cierre de Aerolíneas Argentinas. Esto surgió ayer tras la virtual amenaza de la SEPI, la sociedad estatal española que controla 92,5% de la línea de bandera, de que en 10 días la empresa cerrará si no logra hoy un acuerdo con todos los sindicatos, incluido el de los técnicos, que no quiere aceptar las condiciones de la sociedad estatal española y propuso ayer en Madrid un plan alternativo. Con todo, el problema de Aerolíneas está lejos de poder reducirse a un conflicto gremial. Se sabe que la empresa hubiera perdido dinero aunque todos los empleados hubieran trabajado gratis en los últimos dos años, y que el ahorro por las medidas que quiere aplicar la SEPI es de 25 millones de dólares frente a una pérdida anual de más de 360 millones.

La SEPI amenazó virtualmente ayer con el cierre de Aerolíneas Argentinas en un plazo no mayor a 10 días, ya sea mediante la quiebra, el cese de operaciones o la liquidación de la empresa. Así lo dijo el presidente de la sociedad estatal española que tiene ya 92,5% de la compañía local, Pedro Ferreras, en la reunión que mantuvo con la ministra Patricia Bullrich, durante la cual intervino en el último tramo el titular del gremio de los técnicos aeronáuticos, Ricardo Cirielli.

La SEPI habría dicho que conseguiría financiamiento (unos 350 millones en el año) para afrontar deudas con proveedores y el mantenimiento de la compañía, sólo si los siete gremios, incluido el de los técnicos, aceptan las condiciones del plan director.

El encuentro pasó a un cuarto intermedio para hoy a las 10 de la mañana, hora de Madrid, pero por los condicionamientos impuestos por Ferreras para que Aerolíneas siga funcionando, podría anticiparse que la negociación ya fracasó.

Antes de la reunión entre la SEPI y Bullrich, ésta, junto con el ministro Domingo Cavallo, estuvo con el titular de Economía de España, Rodrigo Rato. Aunque el tema fundamental fue el megacanje de la deuda, Cavallo dijo, al finalizar la reunión: «Ni el gobierno de España ni el argentino van a resolver el problema de Aerolíneas con dinero que salga de los respectivos presupuestos, porque entendemos que no es un tema político, sino empresarial y laboral».

Según Cavallo, «el Ministerio de Trabajo de la Argentina está interviniendo, tratando de facilitar que se llegue a un acuerdo para que la empresa pueda operar, pero cómo va a operar, cuándo va a operar plenamente es algo que tendrá que decidir la empresa Aerolíneas Argentinas, a través de sus accionistas y operadores».

Se presume que Cavallo quiso decir que la SEPI, aunque sea una empresa perteneciente al Estado español, es la que debe afrontar la crisis de Aerolíneas, pero parece no haber pedido la intervención de Rato para que la sociedad aporte el capital de trabajo necesario para que la compañía local siga funcionando.

En ese punto, tanto Cavallo como la SEPI parecen atribuir el problema a una cuestión de índole gremial. Voceros de la empresa afirmaron tras la reunión ayer en Madrid que le pidieron a Cirielli «que recapacite, que no deje que la compañía sufra más problemas, que apoye plenamente su futuro».

Curiosamente, sin embargo, Ferreras le recriminó a Bullrich que el gobierno argentino no cumplió los compromisos asumidos durante la gestión del ex ministro de Infraestructura Nicolás Gallo, referidos a no avanzar en una política de cielos abiertos con Estados Unidos (ver nota vinculada).

De este modo, la ministra, que llegó a Madrid con un decreto firmado y otro por firmarse en el que se cumple todo lo comprometido por el gobierno en octubre, cuando Ferreras firmó un acta con Miguel Bein -en ese momento, a cargo de Infraestructura-, se encontró con que lo llevado tampoco era suficiente.

El Decreto 698 desreguló el servicio de rampas, redujo 30% las tasas de estacionamiento y aterrizaje de aeronaves que percibe Aeropuertos Argentina 2000 y bajó la tasa de protección al vuelo que cobra la Fuerza Aérea.

También instruyó a esta última para que elimine las disposiciones sobre seguridad referidas a horas de entrenamiento de pilotos y tripulantes de cabina, las horas máximas de vuelo y las horas de descanso, lo que produjo el rechazo del gremio de los aeronavegantes (ver nota vinculada).

Bullrich también llevó el borrador de un decreto todavía no firmado, según el cual los funcionarios oficiales deben viajar por Aerolíneas y las otras empresas de capital local.

Pero Ferreras fue terminante. Dijo que la SEPI ya puso desde 1990 más de 1.800 millones de pesos en Aerolíneas y que no va a poner un peso más, y también que el gobierno argentino todavía debe completar el aporte proporcional a su tenencia de 5% por la capitalización de octubre. Así, aunque el gobierno anticipará hoy los 16,2 millones de pesos prometidos la semana pasada, Ferreras también reclama los 8 millones restantes, hasta totalizar los 32 millones que le corresponden pagar al Estado argentino, aun cuando la ley de sociedades permite integrar los aportes de capital en plazo de dos años.

Ferreras también recordó que uno de los requisitos del plan director es que el gobierno argentino renegocie los acuerdos bilaterales con el resto de los países, especialmente los centrales, para reducir en 20% el número de frecuencias entre la Argentina y esas naciones. Esta medida, según la SEPI, le permitiría reducir el número de vuelos sin temor a que sean ganados por las empresas competidoras que cumplen los mismos destinos.

Como la SEPI quiere hacer aparecer el problema como de índole gremial exclusivamente, no queda claro si los reclamos sobre lo que el gobierno no cumplió quedarían en un segundo plano si todos los gremios llegaran a aceptar lo que pide la empresa.

En principio, la sociedad española quiere que los siete sindicatos acepten la reducción salarial y la modificación de los convenios colectivos, y que, además, admitan que los cambios no se renegocien, sino que se hagan en los términos planteados en el plan director.

Esta intransigencia habría desubicado ayer a Bullrich, que hizo, hasta el momento, una negociación bastante exitosa con los sindicatos. Cinco de los siete gremios aceptaron firmar el acuerdo para revisar las condiciones laborales, y otro, el de los tripulantes de cabina (AAA), aceptó el arbitraje, pero lo supeditó a la reincorporación de 58 azafatas despedidas.

Ayer, los representantes de la SEPI en Buenos Aires volvieron a negarse a firmar el acta, que ya está suscrita por el gremio y por Trabajo, por no aceptar la reincorporación de las cesanteadas.

En cuanto al gremio de los técnicos, Cirielli le propuso ayer a Ferreras en Madrid un plan alternativo que redujera la cantidad de personal jerárquico por técnico, cuya proporción no entra dentro de los parámetros internacionales, según el dirigente gremial, y que todos los aviones de Aerolíneas se reparen en Buenos Aires, lo que abarataría costos.

Pero Ferreras se mantuvo en una posición inflexible y sólo aceptaría la reconversión del contrato laboral, reduciendo francos y aumentando una hora la jornada laboral, e introduciendo la «polifuncionalidad», es decir, que un mismo técnico cumpla distintas funciones.

De todas formas, el ahorro en los costos laborales sería en total de 25 millones de pesos, según el plan director, y algunos de los que conocen el tema, como el diputado Alberto Natale, llegaron a estimar que si en los últimos dos años todo el personal de Aerolíneas hubiera trabajado gratis, igualmente la empresa habría dado pérdida.

La inflexibilidad de la SEPI, si se mantiene hoy como es de prever, confirma que los españoles se quieren ir de Aerolíneas y que pretenden atribuir la responsabilidad del cierre a los gremios. En el gobierno, en tanto, sigue predominando la idea de que los españoles no supieron gerenciar bien a la compañía local y que ése es el principal problema, pero no encuentran alternativas para mantener abierta a Aerolíneas.