La Unión Industrial Argentina (UIA) decidió «poner la pelota contra el piso» en el controvertido tema de las indemnizaciones por accidentes de trabajo. El pedido de audiencia al presidente Néstor Kirchner para conversar sobre el proyecto de ley elaborado en el Ministerio de Trabajo nunca existió, y lo más probable es que no se produzca al menos hasta dentro de un par de semanas.
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El martes, en la habitual reunión de comité ejecutivo de la central fabril, los directivos volvieron a conversar sobre el anteproyecto que supuestamente le habría elevado Carlos Tomada al presidente Kirchner; después, le entregaron el documento a Daniel Funes de Rioja, el abogado laboralista de la UIA, que acababa de regresar de la asamblea anual de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) en Ginebra.
Funes de Rioja admitió que había mirado el proyecto «por arriba», pero agregó que de lo poco que había visto estaba claro que el ministro insistía en los dos aspectos más cuestionados por los empresarios: la creación de « comisiones de cogestión» entre patronos y obreros, y el mantenimiento de la vía civil para quienes no se sintieran satisfechos con las indemnizaciones que pagan las ART.
Así las cosas, los dirigentes de la UIA le concedieron diez días a Funes de Rioja para estudiar en profundidad el articulado del anteproyecto y para elaborar las objeciones que les pudieran caber. Este mismo procedimiento se utilizó hace algunos meses, cuando Tomada los recibió en su despacho para entregarles en mano el proyecto anterior. Los industriales se lo llevaron, lo estudiaron, elaboraron un largo y sesudo rimero de objeciones y se lo entregaron al ministro algunas semanas después, sólo para escuchar de su boca: «Muchachos: llegaron tarde... El proyecto es ése y no se cambia». Después, discretas gestiones consiguieron que Tomada aceptara revisar su iniciativa y hacer un nuevo proyecto, que es el que se llevó Funes el martes a su estudio. Allí se mantienen todos los temas que objeta la UIA.
• Audiencia
La semana pasada algunos integrantes del «grupo de los siete» -banqueros nacionales, el agro, el comercio, la construcción, la Bolsa, entre otros- hicieron conocer su intención de reunirse con el Presidente por este tema. En realidad, el pedido de audiencia sería uno que había acordado ese grupo de dirigentes empresarios en ocasión de un brindis de honor que se hizo en abril, como homenaje a Alberto Alvarez Gaiani, que dejaba la presidencia de la UIA. La solicitud era para tratar « temas generales», tal como se había convenido en esa ocasión.
Sin embargo, el cariz que toma la cuestión de las indemnizaciones, el riesgo que implica sobre todo, para las pymes, que podrían tener que vender sus activos y ni así cubrir los montos indemnizatorios que podrían fijar los jueces y la certeza de que podría renacer con esta ley la « industria del juicio» parecieron haber «despertado» a los demás dirigentes empresariales, según la óptica de algunos de sus colegas de la UIA. «Hasta la semana pasada, no teníamos eco y estábamos bastante solos en esta pelea; ahora, por suerte, nos encontramos mucho más acompañados», dijo un directivo.
Lo cierto es que en esta cuestión nadie parece tener demasiada prisa: el gobierno preferiría esperar hasta después de octubre para enzarzarse en una discusión complicada, y los empresarios aceptarían ese criterio. Por estas razones, es poco probable que Kirchner decida recibirlos para tratar el tema.
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