Los préstamos garantizados

Según las declaraciones a los medios de sus funcionarios, el gobierno pretende haberse desobligado de los contratos de préstamos garantizados que suscribió con quienes no aceptaron la inconstitucional pesificación (que no es otra cosa que una confiscación prohibida por la Constitución nacional) por el simple expediente del dictado de un nuevo decreto de necesidad y urgencia, esta vez, el N° 530/03.

Los pesificadores se alzaron contra la Constitución, según fuera establecido por la Corte Suprema en el caso San Luis. Del resultado de esta saga se sabrá si rige en el país el estado de derecho o si el Estado venció al Derecho.

Entre los acreedores del Estado que no aceptaron la confiscación dispuesta por el Decreto 471/02 están las AFJP, que custodian, por mandato legal, nuestros ahorros para futuras jubilaciones.

Creo que las intenciones de los autores de la medida son claras: quieren perjudicar nuestros ahorros, especialmente, los destinados a atender nuestras jubilaciones futuras.

Bajo la apariencia de argumentos progresistas y contestatarios de una agresiva negociación de la deuda pública, en rigor, la intentona perjudica claramente los intereses nacionales al pretender ampliar la cantidad de deuda sujeta a reestructuración, afectando a los residentes locales, de modo que la quita no sea tan pronunciada respecto de los no residentes.

En una muestra de debilidad frente a los acreedores externos, el gobierno parece dispuesto a perder toda capacidad de influencia sobre los votos que confieren los títulos depositados en la Caja de Valores, que actúa como fiduciario de una operación en la que los fiduciantes son los dueños originales de los títulos convertidos en préstamos garantizados. Debe destacarse que con los votos que tenía el fiduciario, en la mayoría de las emisiones se podrían obtener modificaciones a las condiciones de emisión de los títulos originales, sin violar los contratos, que permiten mejorar las posibilidades del país en una futura renegociación de la deuda en condiciones razonables.

Si el gobierno tuviese éxito en su intento, la mitad de los titulares de préstamos garantizados volvería a sus títulos originales, sumando al grupo de acreedores sujetos a renegociación a los trabajadores argentinos, por sus jubilaciones futuras.

• Concesión

Por eso, más que una pulseada con las AFJP, como titulara en general la prensa local, se trata de la concesión oficial a la presión de los acreedores externos para que la quita con la que se los amenaza sea menor y no se los discrimine respecto de quienes aceptaron reestructurar sus bonos por préstamos garantizados.

Pero quedan dos preguntas importantes. ¿Hizo realmente el gobierno lo que anunció?; y si lo hizo, ¿es constitucionalmente posible que uno de los contratantes incumpla el contrato y se desligue de sus efectos o consecuencias?

Personalmente creo que el gobierno no hizo lo que anunció, ya que el artículo 1° del Decreto 530/03 le indica a la caja que proceda «en los términos del primer párrafo del artículo 3.2 del Contrato de Fideicomiso...», y dicho contrato en ese artículo y párrafo dice que «En caso de que ... se produzca un evento de incumplimiento, y uno o más fiduciantes optaran por solicitar la restitución, total o parcial, de títulos incorporados como bienes fideicomitidos, la caja deberá restituir los títulos correspondientes...».

Como los fiduciantes son los acreedores, sin su solicitud la caja no puede devolver los títulos originales. Si lo hiciera, incumpliría su obligación fiduciaria, con las responsabilidades que ello le acarrearía, pero obviamente, para hacerlo compulsivamente, el acreedor debería recibir los títulos en la cuenta que indique al efecto, según reza el contrato. Y si el fiduciante/acreedor no quiere ejercer la opción de «desarmar» los préstamos garantizados, no indicará cuenta alguna, y en su pretensión devolutoria, el fiduciario debería recurrir a una consignación judicial, que difícilmente lograría.

Es obvio que si una vez más, pese a los innumerables fallos que tratan de hacer prevalecer la Constitución por sobre los actos que la violan, la interpretación del Decreto 530/03 indicara que el gobierno hubiese modificado por sí y ante sí los contratos ya firmados, su proceder, manifiestamente arbitrario y lesivo de claras garantías constitucionales, debería ser resistido judicialmente por quienes no estén dispuestos a aceptarlo, y lo más probable es que tengan éxito.