Los puntos del pacto gobierno-provincias
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El acuerdo rige mientras no se sancione una nueva ley de coparticipación federal de impuestos.
Se prorrogarán por cinco años las leyes de distribución paralela de fondos a la coparticipación, los pactos fiscales, la vigencia del Impuesto a las Ganancias -que establece la distribución especial de la recaudación de ese impuesto-y la de coparticipación del Impuesto a los Combustibles, y toda norma que disponga distribución específica de impuestos entre Nación y provincias.
Durante 2001 y 2002 las provincias recibirán en total una suma mensual fija de $ 1.364 millones, que la Nación garantiza como piso y techo de distribución de fondos.
Durante 2003, 2004 y 2005 los fondos a transferir a las provincias serán el promedio de lo recaudado en los 3 años anteriores a cada uno. La Nación garantiza un mínimo mensual de $ 1.400 millones para 2003, $ 1.440 millones para 2004 y $ 1.480 millones para 2005.
Si hasta el 31 de diciembre de 2003 no se hubiera aprobado una ley de coparticipación el gobierno, en acuerdo con las provincias, enviará al Congreso un proyecto donde se establecerá la masa a coparticipar con todos los recursos nacionales, los recursos a transferir a las provincias y los destinados a financiar el sistema de seguridad social.
Nación y provincias se comprometen a no aumentar su nivel de gasto primario, con el objeto de alcanzar el equilibrio fiscal. Las provincias se comprometen a impulsar una legislación que controle el cumplimiento del pacto.
Las provincias podrán disponer de hasta 50 por ciento de los fondos con asignación específica.
La Nación se compromete a atender 50 por ciento de las deudas provinciales por la garantía del FONAVI por el año 1999.
Se firmará en 120 días un acuerdo de armonización tributaria y a poner en funcionamiento en las provincias el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social.
El gobierno se compromete a aumentar las partidas para gasto social y se acuerda la utilización de $ 225 millones para ser distribuidos: 80 por ciento a planes de empleo y 20 por ciento a programas sociales.
Se acordó, también, eliminar cláusulas de convenios que aumenten automáticamente salarios de funcionarios y empleados.
Ante una situación de emergencia que implique la interrupción de los servicios de educación o salud o alteraciones en la seguridad pública, y no pudiendo reducir gasto, las provincias afectadas podrán pedir autorización al Ministerio de Economía para modificar temporariamente su nivel de gasto.
