Los sindicatos en problemas: SMATA entró en concurso
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José Rodríguez, titular de Smata
El gremio que dirige José Rodríguez, que agrupa a la mayoría de los trabajadores de las terminales automotrices y de las autopartes, concurrió a los tribunales de la Capital Federal para resolver su continuidad y denunció un pasivo de 26.876.613 pesos en el caso del sindicato y 55.573.921 en la obra social. En total el caso llega a los 82.450.534 pesos. Con este monto, el caso de SMATA y su Obra Social se convierte en el primero en importancia de su sector, ya que supera al de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) que aún dirige Lorenzo Miguel y su obra social que plantearon un pasivo algo superior a los 75 millones de pesos.
Definición
Para peor dentro de esa cifra se incluyen sólo los pasivos acumulados desde mediados de 2000 hacia adelante y no tienen en cuenta las deudas anteriores que ya están dentro de los tribunales y que antes de fin de año podrían definirse con una quiebra o una liquidación.
Con estos datos sobre la mesa, el gobierno de Fernando de la Rúa deberá definir una política de fondo a seguir. Aparentemente, y siempre dependiendo de la situación política que tenga el Ejecutivo después de las elecciones del 14 de octubre, se manejará una última medida de salvataje: la posibilidad de que las obras sociales que contablemente sean viables pero que tengan problemas financieros coyunturales puedan acceder a créditos privados garantizando el pago mediante los aportes de los afiliados. Fuera de esto, para la supervivencia sólo quedaría el camino de las fusiones o los cierres.
«Todo esto significa sin más vueltas que la situación de la salud está a punto de colapsar y que de no mediar alguna ayuda pública específica para antes de fin de año el problema será insostenible», aseguraba a Ambito Financiero uno de los jueces que tiene en sus manos el destino de una de las obras sociales más importantes del país y que por estos días se debate entre su continuidad o el cierre definitivo.
Según la decisión del ministro Héctor Lombardo, hecha pública en febrero de este año y reiterada en privado en los últimos días cuando comenzaron a llegar estas cifras a su cartera, el gobierno de Fernando de la Rúa no hará nada para implementar ningún plan de salvataje con dineros públicos para las obras sociales y para los problemas derivados de estos concursos y quiebras en las clínicas, laboratorios y consultorios médicos.
Enojo
Las razones por las que el gobierno no tiene pensado lanzar ningún plan de salvataje son dobles. En primer lugar, extraoficialmente, aún hay mucho enojo dentro del gobierno por no haber podido lanzar la desregulación de las obras sociales dentro de 2001. Según el decreto firmado el 28 de marzo por Fernando de la Rúa, la posibilidad de desregular el mercado de las obras sociales, una de las pocas ideas audaces del gobierno aliancista, se suspendía por la gran cantidad de juicios y amparos concedidos por la Justicia.
La idea de Lombardo, cuando aún el proyecto de desregulación estaba vivo, era facilitar la política de absorciones y fusiones de obras sociales, como alternativa para evitar la intervención, el concurso o directamente el cierre de alguna de estas entidades.
Solución
El Ministerio de Salud presentará en los próximos días una resolución que facilitaría que estos institutos puedan acceder a créditos privados usando como garantía los pagos de los afiliados. Lógicamente esta solución tiene un problema que no es menor: hoy en los mercados financieros no hay efectivo casi para ninguna empresa, menos lo habrá para obras sociales y sindicatos con problemas.
Por eso se analiza la segunda alternativa: alentar, aunque sin costo para el gobierno, la formación de consorcios y fusiones entre obras sociales.
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