Marcha atrás con retenciones a las exportaciones de petróleo

El presidente Eduardo Duhalde confirmó ayer el interés del gobierno en reemplazar las retenciones a las exportaciones de hidrocarburos fijadas en la Ley de Emergencia Económica, por un aporte a realizar por las empresas petroleras en efectivo y en un plazo de 30 a 60 días de 1.400 millones de dólares.

Duhalde, acompañado por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, mantuvo ayer un encuentro con los gobernadores de Chubut, José Luis Lizurume; y de Neuquén, Jorge Sobisch; y el empresario Carlos Bulgheroni, que es accionista de Pan American Energy, pero, en este caso, representó a todo el sector petrolero. Por la noche, representantes de todas las empresas se reunieron con Capitanich, el ministro Jorge Remes Lenicov y el viceministro, Jorge Todesca.

«El Presidente les solicitó a las empresas que hagan un adelanto por un plazo de cinco años, de una cifra de entre 1.000 y 1.400 millones de pesos», señaló Lizurume. La historia había empezado días atrás, más precisamente el viernes, cuando se produjo el primer encuentro entre Duhalde, Bulgheroni y Oscar Vicente, de Pérez Companc.

•Encuentros

De ese primer cruce de palabras, surgieron dos encuentros de la mayoría de las empresas petroleras con Capitanich, uno el domingo a la mañana, aun antes de que el Senado votara las retenciones, y otra el lunes por la mañana. Ese mismo día por la tarde, los representantes de las petroleras estuvieron con el viceministro de Economía, Jorge Todesca, y por la noche, el gobernador de Chubut salió a respaldar la oferta de las empresas por 1.400 millones por temor a que la aplicación de las retenciones derivara en una caída de la actividad en su provincia.

Finalmente, habría sido el propio Duhalde el que pidió a las empresas que realizaran un aporte de 1.400 millones de dólares que compensarían los ingresos esperables por aplicar retenciones durante 5 años. La forma en que se instrumentará será estudiada por Economía con las empresas, pero en principio, tras el encuentro con Duhalde, la idea de las empresas de un bono a 20 años con 5% de interés es una de varias posibilidades de llevar a la práctica la iniciativa.

Capitanich habría sido quien llevó a Duhalde el criterio de que el gobierno necesitaba el dinero para compensar la pesificación de créditos en el sistema bancario en forma más urgente y en mayor cantidad que la que podía esperarse de aplicar retenciones a las exportaciones. Estimando ventas externas por 3.500 millones de dólares, el Estado percibiría 60 millones de dólares mes a mes.

Pero la urgencia financiera del gobierno coincidió con el interés de las petroleras, que quieren que no haya marcha atrás con la desregulación que contempla, entre otros aspectos, la libre disponibilidad del petróleo y el gas para los productores, la posibilidad de exportar e importar libremente y sin impuestos, y para fijar los precios.

Por otra parte, con el actual precio del crudo rondando los 21 dólares, y si se aplicara una retención de 20%, las petroleras percibirían un precio de alrededor de 16 dólares para sus ventas externas, al que hay que descontarle después el valor del transporte a los puertos y los fletes.

Con ese precio, las empresas dijeron que desactivarían yacimientos, empezando por los de la Cuenca del Golfo de San Jorge, que son los de mayor costo, y que reducirían la extracción, aun en los más rentables, como los de la Cuenca Neuquina. Esto explica el apoyo que la iniciativa obtuvo rápidamente del gobernador de Chubut, al que se sumó luego Sobisch.

Del encuentro con Duhalde quedó para reuniones más técnicas la elaboración de la ingeniería financiera del proyecto: si será un anticipo de impuestos, un bono o un aporte reintegrable. Del proyecto participarán Repsol-YPF (la principal productora del país), Pan American Energy, Total Austral, Pérez Companc, Chevron, Winters-halle y Santa Fe Energy, y también Shell y Esso, aunque exportan combustibles en pequeñas cantidades y estos productos hubieran tenido una retención menor.

El aporte sería proporcional a la participación de cada empresa en la industria petrolera local e incluiría el compromiso de atenuar el impacto de la devaluación sobre los precios internos. Como el precio del crudo está fijado en dólares según la cotización del mercado internacional, las productoras y las refinadoras compartirían el costo de la devaluación por un «período prudencial». Después, cuando la crisis se atenúe, probablemente en el término de uno o dos meses, en forma gradual el efecto de la nueva política cambiaria pasaría al público.