Quedan pendientes 11 audiencias públicas hasta el 31 de mayo para debatir una salida transitoria para 13 contratos de concesión, mientras teóricamente debe llegarse a la renegociación integral de todas las concesiones de servicios públicos antes del 31 de diciembre. En apariencia, el gobierno aspira a que para la negociación con el Fondo Monetario sea suficiente con los acuerdos transitorios cerrados antes de junio.
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El viernes se realizó la audiencia para debatir las actas de entendimiento firmadas entre la unidad de renegociación (Uniren) y las transportistas de electricidad Transener y Transba (ambas de la sociedad Petrobras-Dolphin). En las actas se fijó un aumento de 25% en la remuneración percibida por Transener y de 25% en la de Transba. Esto a su vez, tiene un impacto en tarifa final de hasta 1,6% para consumidores de la provincia de Buenos Aires y de hasta 0,4% para los usuarios del resto del país, aunque los aumentos recién se aplicarían a partir de julio o agosto.
Para las audiencias que están pendientes, no hay todavía consenso con las empresas. Los debates fueron citados en forma unilateral por la Uniren. La primera audiencia es el 20 de abril y en la misma se analizará una propuesta para Edenor y Edesur, similar a la ya refrendada con Edelap, con una aumento de 23% en la remuneración de las distribuidoras sólo para usuarios no residenciales. El 22 del mismo mes se debatirá la situación de MetroGas para la cual la Uniren propone un alza de 15% en el ingreso de la distribuidora gasífera con vigencia para clientes industriales y comerciales.
La expectativa oficial es que con la presión de la audiencia de por medio, las privatizadas terminen firmando las actas de entendimiento. Las empresas, por su parte, oscilan todavía entre la intransigencia y la duda. En principio, las compañías de energía -gas y luz- habían actuado en bloque hasta ahora.
• Quiebre
Ese frente común se quebró primero con Edelap, luego con las transportistas de alta tensión (Distrocuyo, Transener, Transba), y en la última semana con la decisión de Gas Natural BAN de renunciar al juicio en el CIADI contra el Estado nacional, dato que anticipa que la renegociación con esa empresa se va a encaminar.
Ninguna privatizada quiere quedar aislada frente a las audiencias. Sabe que ésa sería una manera de dejar espacio para la rescisión del contrato. Por eso todas se miran unas a otras, sobre todo desde la decisión de Gas Natural de España de retirar la demanda en el CIADI.
Si hay acercamiento entre las partes, podría haber avances en actas de entendimiento aunque hubiera que suspender las audiencias. Lo que ocurre es que si los debates se realizan después de junio, las subas quedarían aprobadas justo antes de las elecciones, y entonces se terminarían postergando.
Según análisis políticos del fin de semana, las privatizadas están en el peor momento de su relación con el gobierno. Sin embargo, éste consiguió cerrar con varias compañías en las últimas semanas, y esto obligaría a las demás a ser muy cautelosas en los pasos a seguir.
