Más impuestos para la Capital Federal
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Además en el la ley tarifaria y el Código Fiscal se establece el cambio en la modalidad de cobro a las empresas de comunicaciones para que tributen sobre el monto facturado y no por el espacio subterráneo que utilizan como se venía haciendo.
Ni el peronismo, ni el ARI, aprobaban los aumentos de impuestos y el pago en bonos a empleados. En cambio la Alianza pudo conciliar con el PJ y sus aliados los poderes especiales para el jefe de Gobierno. No se le permitirá cambiar procesos de licitación por compras directas en general, sino en función de que lo justifique una emergencia. Tampoco podrá quitar de los haberes de los agentes públicos, médicos y maestros, las sumas no remunerativas que lo componen o diferir su pago, entre otras limitaciones que llevó la original ley de 24 artículos a 18.
El frepasista podrá en cambio renegociar contratos, mantener la suspensión de los pagos a proveedores y servicios hasta el 18 de enero próximo, vender los bienes de la Ciudad y otras acciones que le permitan seguir gestionando en el año 2002.
El peronismo, que es la oposición a la Alianza en la Ciudad eliminó artículos del borrador original porque se negó a darle amplias facultades al gobierno aliancista. Además, en la misma ley limitó al Gobierno porteño los gastos de publicidad y propaganda.
Primera medida
Tal como anticipó este diario, la primera medida adoptada por el jefe de Gobierno es el pago escalonado de los sueldos de diciembre y abundantes contratos de la gestión, que se hará en tres cuotas.
En el último mes los ingresos de la Capital Federal cayeron 51%, merma que se sumó a la general del trimestre, y al no haber una previsión de esa baja en la recaudación -que obedeció en parte a las limitaciones a las extracciones bancarias, la recesión y la rebeldía fiscal por el denominado «corralito»- Ibarra debió actuar de apuro y pedir la sanción de una ley de emergencia económica y social para la Ciudad.
La primera en que se aprobó a media tarde fue la convalidación del convenio para que la Nación le pague con LECOP a la Ciudad la cuota fija de coparticipación ($ 157 millones), el incentivo docente y profesores terciarios y otros regímenes coparticipables.
La ley más polémica que se acordó en general fue la de emergencia económico y financiera por 180 días, que permitirá a Ibarra:
Suspender, modificar o diferir todo tipo de contratos (servicios y obras).
Renegociar cánones por concesiones (recolección de residuos, iluminación, comedores escolares etc.) sin afectar la calidad de los servicios y sin reconocer a las empresas que lo soliciten lucro cesante.
Utilizar medio de pago alternativos, emitidos o «a emitirse por la Nación o la Ciudad» de Buenos Aires.
Aceptar títulos para el pago de impuestos porteños.
Modificar el Presupuesto 2001.
Disponer del fondo para subterráneos y ampliar el endeudamiento de la Capital hasta $ 200 millones en el corto plazo y $ 218 millones con vencimiento a largo plazo.
Incluir a AUSA, la sociedad del Estado que administra las autopistas, en la cuenta única de rentas de la Ciudad.
Diferir el pago de sentencias judiciales.
Una comisión de 7 legisladores controlará los pasos que el ejecutivo de en función de los poderes que le otorga la norma.
También la Legislatura sancionaba una ley de creación de un Fondo de Emergencia Social con el producido de la venta de inmuebles de la Ciudad, los recursos que reciba de la Nación para desempleo y otros que determine el Ejecutivo.




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