Más política: aumento a empleados públicos

Hasta las elecciones de octubre, el gobierno tiene una batería de medidas para aumentar sus chances, que apuntan a mejorar la situación de jubilados y de asalariados. El anuncio oficial de ayer de un subsidio para afiliados al PAMI fue una muestra. Ahora se viene el incremento de 20% a estatales, que no sólo generará más salto del gasto público, sino también fuerte presión en las provincias, que no tendrán otro remedio que acompañar la medida que beneficiará en primera instancia sólo a trabajadores de la Nación. Ya el FMI advirtió la semana pasada sobre el aumento del gasto (subió 25% en un año y se duplicó desde finales de 2001), en particular en las provincias. Una de las claves en la caída de la convertibilidad fue el incremento del gasto que llevó a fuertes déficit de las cuentas públicas. Ahora la situación es la contraria, pero los períodos electorales son invitaciones a descuidar la solvencia. El gobierno aprovechará la medida electoralista dirigida a estatales para generar más dependencia de las provincias, que deberán alinearse con la Nación para conseguir mayores partidas de fondos y afrontar la creciente necesidad de erogaciones. Empeora la situación el hecho de que la Nación no coparticipa lo que se recauda por el impuesto al cheque, que son unos $ 10 mil millones al año. Luego habrá más aumentos a jubilados (en este caso, generalizados) y hasta se está pensando en una mejora para planes sociales, que impactaría sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde se desarrollará la principal batalla electoral.

Néstor Kirchner

El inminente aumento a estatales que anunciará el gobierno ya está generando fuerte preocupación en las provincias. Ocurre que el aumento que impactará sobre 110.000 agentes de la administración nacional (más policías y militares) generaráel inmediato reclamo de los trabajadores de las administraciones provinciales, buena parte ya agobiada por medidas de fuerza.

Este aumento en el gasto no sólo en el contexto nacional, sino también en el provincial será uno de los temas más complejos en la negociación que se avecina con el FMI. Esto explica por qué el gobierno prefiere estirar la discusión hasta después de las elecciones, más allá de la necesidad de obtener una refinanciación de vencimientos (hasta fin de año son u$s 2.000 millones con el Fondo).

En el detalle de la discusión mantenido por el directorio del Fondo, que se conoció públicamente la semana pasada, hay especial énfasis puesto en controlar los niveles de gastos en las provincias. También se alude a la necesidad de endurecer la Ley de Responsabilidad Fiscal para los gobernadores que no cumplan con las restricciones en el nivel de endeudamiento y erogaciones corrientes.

Esta presión por aumentos genera inevitablemente una mayor dependencia de las provincias respecto del poder central. Las transferencias del gobierno nacional en el último año crecieron más de 50%. En ese sentido, podrían volver las presiones para hacer coparticipable el impuesto al cheque, cuya percepción va íntegramente a la Nación. Por supuesto, a la hora de negociar, jugará un papel importante el vínculo político de cada distrito con la Casa Rosada.

• Perspectiva

El ofrecimiento oficial de aumento a estatales se daría a conocer mañana, durante la paritaria que tendrá lugar en el Ministerio de Trabajo.

Hasta ayer a la noche, tanto los gremios de UPCN (Unión de Personal Civil de la Nación) como ATE (Asociación de Trabajadores de Estado) no tenían cambios en la fecha estipulada, pero no descartaban alguna postergación hasta el viernes, considerando el lanzamiento de las listas en la provincia de Buenos Aires. El incremento para los trabajadores de la administración pública nacional llegaría a un máximo de 20% ( escalonada según la categoría actual) y, además, se incorporarían los $ 150 al salario otorgados el año pasado. El costo anual de la medida superará los $ 800 millones, quiere decir que son unos $ 400 millones hasta fin de año.

Considerando el nivel de superávit fiscal de la administración central, el aumento no tiene un gran impacto (si no se consideran otros incrementos que hay en carpeta). Pero sí genera enorme peso en las provincias, donde hay una alta incidencia de los presupuestos en el pago a los trabajadores estatales.

• Efecto doble

Para el gobierno de Néstor Kirchner la movida tiene un doble efecto. Por un lado, generará un impacto claramente electoral y reducirá los fuertes reclamos de las últimas semanas de uno de los gremios que se habían mostrado como más combativos, y al mismo tiempo, buscará que dicho impacto se traslade también a las provincias. Un antecedente de esta situación hay que buscarlo en el anuncio de aumento del salario mínimo de $ 450 a $ 630 definido el mes pasado. Varios distritos le pidieron ayuda a la Nación para cumplir con este nivel básico, e incluso trascendió que varios distritos ya piensan en solicitar una dispensa ante el posible incumplimiento de la ley fiscal.

Lo más complejo pasará, como es de esperar, por la provincia de Buenos Aires que, pese a mejoras ya otorgadas por el gobierno de Felipe Solá, es la que más conflictividad gremial presenta. Trabajadores docentes y de la salud encabezan las protestas en la mayor parte de los casos.