La actual crisis de Argentina plantea un sinnúmero de interrogantes para los cuales no existen respuestas fáciles. Desde la probabilidad de que el gobierno elimine las restricciones a los depósitos y el momento en que el sistema pueda retomar sus actividades de préstamos, a la capacidad de los bancos de administrar su alta exposición al gobierno. También existe el interrogante de cómo el sistema financiero manejará una devaluación de la moneda y quién pagará el precio. Esta es simplemente una muestra de la clase de preguntas necesarias para tomar conciencia de la profundidad de los problemas que enfrenta actualmente el sistema financiero argentino. Las respuestas determinarán si las calificaciones bancarias se elevarán por encima de la categoría de “ncumplimiento selectivo” donde se hallan por el momento o si muchos de los bancos del país se verán finalmente obligados a cerrar.
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El creciente deterioro del ambiente económico argentino y el total colapso de la confianza aceleró una corrida de los depósitos el último noviembre la tercera este año con tasas interbancarias que llegaron al 900%. Asimismo, al establecer el canje de deuda soberana del último noviembre los límites de las tasas de interés de una gran parte de los activos del banco en un 7% anual, se volvió crítica una reducción del costo de financiamiento para la viabilidad del sistema financiero.
Frente a un posible quiebre de la industria bancaria, el gobierno del ex Presidente Fernando de la Rúa (con el Ministro de Economía Domingo Cavallo) decidió imponer restricciones a los retiros de depósitos, anunciando que dichos límites se encontrarían vigentes hasta la finalización del canje soberano, es decir en marzo del año 2002. Cada depositante puede retirar sólo $1000 por mes en efectivo, aunque los fondos depositados pueden ser utilizados como medio de pago transferencias electrónicas, tarjetas de crédito y débito y cheques brindando de este modo la esperanza de una profundización de un sistema de pagos que reduce la utilización del efectivo y promoviendo la apertura masiva de cuentas. Otro conjunto de medidas incluyen restricciones a las transferencias internacionales y medidas adicionales que surgieron en ese momento con el fin de encarar la total dolarización del sistema financiero.
Aunque las limitaciones a los retiros tuvieron como propósito aliviar la dramática presión sobre la liquidez de los bancos locales, permitiendo a su vez la movilización de fondos dentro del sistema y mantener de este modo el flujo de operaciones comerciales y financieras, el ritmo al cual las restricciones congelaron la ya débil economía fue alarmante dada la amplia economía informal y con base de efectivo del país. Los temores de un congelamiento total y la resultante tensión social contribuyeron a las renuncias sucesivas de De la Rúa y su sucesor, Rodríguez Saa.
Asimismo, en el mediano y largo plazo, los costos de las restricciones han devastado la credibilidad institucional del sistema financiero, reduciendo la probabilidad de que los bancos locales retomen pronto su rol como intermediarios fondos. Sin ninguna oportunidad de capturar nuevos ahorros como resultado de la largamente socavada confianza, el rol principal de los bancos argentinos puede llegar a limitarse en su mayor parte a la “anca transaccional”
La solución a la crisis financiera continúa siendo uno de los principales desafíos que enfrenta el nuevo gobierno de Eduardo Duhalde. Durante dos semanas, los bancos han llevado a cabo sólo tareas limitadas, sin operaciones de divisas y actividades de clearing deficientes, lo cual afectó seriamente la ya vulnerable cadena de pagos de la economía Argentina. Aunque el anuncio oficial de un nuevo plan económico se haría durante el fin de semana, el discurso inaugural del nuevo presiente dejó entrever el fin de la paridad con el dólar de 1 a 1, como así también la intención del gobierno de preservar los ahorros denominados en dólares mientras que instrumenta cierto mecanismo de ayuda a los deudores en dólares. Será difícil para el gobierno encontrar una solución dadas las necesarias y dolorosas alternativas en el ambiente político actual.
Independientemente del método a implementarse para liberar los depósitos, no hay alternativa sin costos para todos, ya que los acreedores, depositantes, deudores, accionistas bancarios, y/o el gobierno deberán asumir o compartir el precio de la devaluación frente a un sistema financiero altamente dolarizado. En cualquier caso, para la supervivencia de los bancos será necesario limitar la fuga de liquidez y las pérdidas crediticias. En el mediano plazo, es esencial la preservación de los ahorros de la base minorista de los depósitos denominados en dólares para que los bancos locales retomen en última instancias cualquier otro rol más allá de las meras actividades de pago, clearing y agente de cobranza.
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