El gobierno decidió la pesificación de la deuda que mantenía con los exportadores por el pago del «factor de convergencia». De esta forma permitió que el Estado se apropie de u$s 150-200 millones que habían sido recaudados a partir de diciembre de 2001 por las exportaciones que fueron liquidadas en tiempo y forma. La medida despertó, con razón, la ira de los exportadores que argumentan una nueva demostración de inseguridad jurídica en el país así como descrédito ante quienes financiaron las exportaciones. Y amenazan con una ola de presentaciones jurídicas contra el Estado.
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El Decreto 1.043/03 establece que el gobierno devolverá la suma adeudada a los exportadores a la paridad U$S 1 a $ 1 cuando la operación se haya realizado entre el 19 de junio de 2001 y 10 de enero de 2002 y considerará un dólar a $ 1,40 para los negocios fechados entre el 11 y el 28 de enero de 2002 cuando el régimen de importación-exportación perdió vigencia.
Lo cierto es que esta medida, luego de los largos retrasos en la cancelación de la deuda, genera a las empresas que exportan un recorte en el capital de trabajo ya que muchas empresas utilizaban estos saldos de deuda para financiar nuevas exportaciones.
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