El ministro de Planificación, Julio De Vido, mantuvo numerosas reuniones con funcionarios del conurbano bonaerense para evaluar proyectos de obras públicas para 2009, según adelantaron a Ámbito Financiero fuentes de la Casa Rosada. Preguntó a los intendentes cuáles son las mayores necesidades en sus territorios. La mayoría coincidió en que los problemas de inseguridad constituyen la principal demanda. En función de esto, el Ministerio de Planificación determinó priorizar el alumbrado público, mejoras de calles y todas aquellas obras que contribuyan a dar mayor protección frente al delito.
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De esta forma, la cartera que conduce De Vido se encamina a reprogramar su esquema de prioridades de las obras que, hasta el momento, se concentraba en la construcción de viviendas, y no tanto en áreas como vialidad. De hecho, los datos del INDEC muestran que en los primeros nueve meses del año los despachos de asfalto cayeron más de 13% respecto de igual período de 2007.
Las iniciativas que acercaron los intendentes contemplan mejorar la iluminación de las ciudades, particularmente en aquellas zonas donde abunda el delito, facilitar los movimientos de personas y vehículos asfaltando calles y mejorando accesos, realizar muros de contención o cercado de plazas, entre otros.
Una cuestión central es de dónde surgirán los fondos que financiarán estas obras, ya que los intendentes se muestran poco predispuestos a comprometer sus propios recursos o, peor aún, no los tienen. Naturalmente, parte del dinero provendrá del Presupuesto nacional y de los recientemente estatizados recursos de las AFJP. «El dinero que de ahora en más administrará el Estado se va a utilizar para inversiones de largo plazo de mano de obra intensiva y para sostener la economía de la Argentina en el período que viene», dijo el titular de la ANSeS, Amado Boudou.
Fuentes de la Casa Rosada reconocieron que los recursos existentes son insuficientes para financiar estos planes. Así, una idea que se está barajando en Planificación es que las empresas proveedoras del Estado, como también las prestatarias de servicios públicos, afronten parte del costo de las obras.
El razonamiento se encuentra en sintonía con lo señalado por el ex presidente Néstor Kirchner, cuando en sus recientes discursos insistió en que las empresas hagan el esfuerzo de mantener los puestos de trabajo. «En el caso particular de las prestadoras de servicios públicos, deberán contribuir además con la realización de obras que, además, forman parte de sus compromisos de inversión», señalan en el entorno kirchnerista.
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