Negociación clave con Brasil por trabas a importaciones

Economía

Brasil aceptaría aplicar restricciones a sus exportaciones a la Argentina en algún sector puntual, cuando se demuestre fehacientemente que se le está produciendo un daño terminal a algún rubro industrial local. Las trabas se basarían en la aplicación del Arancel Externo Común (AEC) que se le impone al ingreso de productos similares provenientes de países que no son socios del Mercosur y que en algunos casos podría llegar a 35%. La decisión del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva de aceptar la aplicación de algún tipo de salvaguardias para sectores, como algunos textiles y el calzado, fue anunciada oficialmente a comienzos de esta semana a Buenos Aires, a través de una comunicación diplomática que el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño, que maneja Celso Amorim, le envió a la Cancillería argentina, a cargo de Rafael Bielsa. Si bien desde el país vecino no hubo mayores precisiones sobre cuál sería el contenido exacto de las trabas ni de los mecanismos que se aplicarían para instrumentarlas, la decisión de Brasil destrabó el diálogo entre los dos países y permitió que se concrete la ronda de negociaciones bilateral que comenzará hoy en Brasil.

El encuentro se desarrollará en Rio de Janeiro, y desde la Argentina se aseguraba que de llegarse a algún acuerdo, éste se firmaría en algún momento del segundo semestre del año, para comenzar a aplicarse desde comienzos de 2006.

La delegación argentina estará encabezada por el secretario de Industria, Miguel Peirano, mientras que por Brasil concurrirá el subsecretario general de América del Sur de la Cancillería, José Eduardo Felicio.


Por lo que se conoció ayer, y más allá de la aceptación brasileña, las posiciones aún están lejos de un acuerdo definitivo. La principal discusión que deberán debatir Peirano y Felicio es la forma y el momento en que las salvaguardias podrán ser aplicadas. Brasil rechaza cualquier posibilidad de permiso para imponer las trabas de manera automática y unilateral por parte del país que se considere dañado. Los negociadores del país vecino proponen, por el contrario, que las restricciones sólo sean autorizadas luego de una investigación bilateral previa y después de que los sectores privados involucrados hayan acordado avalar las trabas.

Para la Argentina, esa alternativa es considerada inaceptable, ya que, se supone, impondrá un trámite burocrático lento y problemático antes de poder aplicar una salvaguardia.


Un tercer argumento que no aceptaría la Argentina es que la forma de aplicar una salvaguardia sea igual a la que autoriza la Organización Mundial de Comercio (OMC), por la cual sólo luego de un período de investigación, acusación, prueba y contraprueba se pueda restringir una importación. Un proceso de este tipo, siguiendo las reglas de la OMC, puede demandar hasta 2 años.

Según fuentes del gobierno, se insistirá en que la única posibilidad factible es aplicar trabas automáticas y unilaterales, pero con la garantía de que sólo se instrumentarían cuando se cumplan las reglas necesarias acordadas de antemano.
Estas serían, cuando el ingreso de mercadería desde Brasil de un determinado producto supere en un porcentaje importante y preestablecido. En esos casos, para continuar importando por encima de esa cantidad, se aplicaría el AEC que rige para terceros países.

Este capítulo problemático entre los dos países había comenzado a destrabarse, luego de la reunión que Roberto Lavagna mantuvo en junio con el ministro de Hacienda brasileño,Antonio Palocci. Con la comunicación de esta semana entre Bielsa y Amorim quedó claro que también la Cancillería del país vecino estaba dispuesta a aceptar las restricciones. El problema que se identifica ahora es que el Ministerio de Desarrollo, Luiz Furlan, fiel representante de la posición de los industriales brasileños, es enemigo de aceptar cualquier tipo de traba. De hecho, el secretario ejecutivo de Desarrollo, Márcio Fortes (en teoría el par de Peirano), no concurrirá a la reunión de hoy en la sede de Rio de Janeiro del Ministerio de Hacienda.

Esta pelea interna dentro del gabinete de Luiz Inácio Lula da Silva debería entonces ser resuelta por una decisión personal del jefe de Estado.

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