Nuevas medidas profundizan más la falta de credibilidad

Desde 1996, la solidez y liquidez que exhibió el sistema financiero le permitió ganarse la confianza de los ahorristas nacionales y extranjeros. Desde entonces, cada vez que la incertidumbre sobre la Argentina se incrementaba, los depósitos también lo hacían, debido a que la gente vendía sus activos argentinos más volátiles (acciones y bonos) y colocaba la mayor parte de esos recursos en los bancos. Por supuesto que lo que se observaba era un fuerte aumento de las imposiciones en dólares y alguna merma de las de pesos. A la inversa, cuando la percepción de riesgo disminuía, el incremento de depósitos se detenía, ya que la gente sacaba los fondos para invertirlos en los activos más riesgosos que estaban subiendo de precio.

Lamentablemente, el desgaste en la imagen de la ejecutividad y del liderazgo del gobierno llegó a su punto culminante en octubre de 2000 con la renuncia del vicepresidente Carlos Alvarez.

A partir de allí, la credibilidad en su capacidad de gestión y, por ende, su crédito, se volvieron nulos, quedando el país al borde de la cesación de pagos. Este evento cambió la actitud de los depositantes respecto de las entidades bancarias. Temerosos de que el gobierno pudiera confiscarles los depósitos para poder hacer frente a sus obligaciones (cosa que ya había sucedido en el pasado), empezaron a sacar sus ahorros del sistema cada vez que la percepción de riesgo aumentaba. Desde entonces, tras cortas etapas de calma, la merma en las imposiciones totales alcanzó los u$s-$ 15.500 millones.

Las medidas lanzadas el 1 de diciembre por el gobierno pueden ser divididas en dos partes. La primera tiene que ver con la dolarización del sistema financiero y tiende a facilitar el pasaje de pesos a dólares y viceversa; lo cual es positivo. La segunda tiene que ver con las restricciones y controles, los que tendrán un claro impacto negativo:

a) La prohibición de dar créditos en pesos es inconveniente. Se obliga a la gente, que sigue cobrando en pesos, a correr el riesgo cambiario a la hora de financiarse, independientemente de que lo desee o no. Seguramente, esto implicará una reducción en los pedidos de crédito y, por lo tanto, en la demanda en general, pero especialmente de bienes durables y propiedades inmuebles.

b) La imposibilidad de realizar transferencias al exterior implicará que los que sacaron su dinero lo piensen un millón de veces antes de volver a traerlo de nuevo y que los ahorros que salgan del sistema financiero no vuelvan a él. Por otro lado, sería esperable que se arme un mercado informal en el que los que necesiten traer recursos puedan comprar imposiciones en la Argentina debajo de la par (por ejemplo, comprando cheques con efectivo).

c) La restricción para retirar efectivo de los bancos por más de 1.000 pesos al mes es una clara violación al derecho de propiedad. Va en contra de la libertad económica, avasalla la independencia del Banco Central y viola el espíritu de la Ley de Intangibilidad de Depósitos que dice que el Estado no puede cambiar las condiciones contractuales pactadas entre el depositante y el banco.

• Facilidades

Algunos interpretan que, más allá de lo acertadas o desacertadas de las medidas previas, ya no quedaban otras opciones para parar la corrida del viernes 30. Eso no es cierto. La solución a un problema generado por una mala medida no pasa por tomar nuevas malas medidas que generan más problemas e incertidumbre. Se podrían haber implementado las nuevas facilidades para la dolarización de las imposiciones a la vez que se revertía la errada medida del tope a las tasas de interés. De esta forma, se podría haber tranquilizado a la gente respecto del temor a una devaluación, al permitirle pasar a moneda extranjera las imposiciones, y además se habría permitido que los bancos volvieran a pactar libremente las tasas con los depositantes, incentivándolos a permanecer en el sistema.

Se ha enfatizado también en que con estas medidas se puede tender al blanqueo de la economía informal. Esto es cierto, pero secundario y no justifica la urgencia y desprolijidad con la que será implementado. El camino lógico era el inverso: exigirles a los comerciantes que las ventas por más de determinado monto se hagan con tarjeta de débito, de crédito o chequera, y darles un tiempo para su entrada en vigencia. De esta forma, se hubieran evitado los perjuicios que las medidas tomadas tendrán para la mayoría de los pequeños y medianos comerciantes, y la preocupación que se está generando en la gente.

Estas medidas llevarán a una seria profundización de la crisis de credibilidad del gobierno. Por lo tanto, hace más urgente aún la necesidad de recrear la confianza en su capacidad de gestión a través de un acuerdo de gobernabilidad con la oposición. Sin embargo, los pasos en ese sentido son lentos y vacilantes, mientras se pretende continuar con un acuerdo multisectorial que difícilmente sea exitoso o ayude a solucionar los problemas de fondo del país.