Confirmando la teoría del ministro Roberto Lavagna de que «hay demasiadas manos» en la relación con las privatizadas, el Senado aprobó un proyecto de comunicación, en el que se pide al gobierno de Néstor Kirchner que impida que las compañías de servicios públicos trasladen el costo de determinados impuestos a la factura que pagan los consumidores.
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La iniciativa abriría un nuevo frente de conflicto con las empresas, en un contexto ya muy sensibilizado por el proyecto de «régimen nacional de los servicios públicos». Esto es así porque la estabilidad tributaria está garantizada en todos los contratos, y no puede reverse sin suscitar nuevos reclamos legales. Toda privatizada tiene asegurado que cualquier aumento o rebaja en los impuestos nacionales, provinciales o municipales puede o debe trasladarse a las tarifas.
El proyecto fue presentado en el Senado por los tucumanos Ricardo Bussi y Delia Pinchetti de Sierra Morales (Fuerza Republicana), y consiguió adhesiones en el PJ y la UCR.
Firmaron el dictamen de comisión, entre otros, los justicialistas Celso Jaque (Mendoza), Mabel Caparrós (Tierra del Fuego), Laura Martínez Pass de Cresto y Fabián Ríos (Corrientes), más los radicales Gerardo Morales (Jujuy), la fueguina Liliana Capos y el entrerriano Ricardo César Taffarel.
El texto sugiere a los ministerios de Economía y de Planificación que instruya a la unidad renegociadora de contratos para que el impuesto al cheque no tenga incidencia en el precio final de los servicios.
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