Juan Carlos Romero produjo el miércoles pasado un pronunciamiento que tal vez complique a Roberto Lavagna frente al Fondo Monetario Internacional. En una extensa y minuciosa carta dirigida al ministro de Economía el gobernador de Salta explica las razones por las cuales su provincia no va a adherir a la Ley de Responsabilidad Fiscal auspiciada por Lavagna. Se trata de una ley marco, que sólo tiene operatividad si cuenta con la suscripción de las legislaturas de los distritos a los que compromete. Hay que recordar que la sanción de esta norma es la pieza que ofreció el ministro de Economía a los funcionarios de Washington a cambio de una nueva Ley de Coparticipación, para él inalcanzable. Junto con la negociación de la deuda y la actualización de las tarifas, estas leyes son un capítulo central de la negociación externa del ministro.
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En este contexto, la nota de Romero es seria por varias razones. La primera, ya dicha, es que adelanta que su provincia no adherirá a la medida. Pero también da razones que debilitarán los argumentos con los que Lavagna le puede pedir a otros mandatarios que sí lo hagan. En tercer lugar y en relación con lo anterior, el salteño adelanta que habrá varios gobernadores que rechazarán la ley aprobada por el Congreso.
• Que la ley debería contar no sólo con metas sino también con penalidades. Y que esas penalidades deberían aplicarse no sólo a los estados adheridos sino también a los funcionarios administradores.
• Que los castigos previstos en el texto aprobado por el Congreso son laxos. Hasta se burla de Economía al decir que se amenaza con publicar la información de los estados incumplidores, cuando esa información es de carácter público.
• Que la metodología para fijar límites al endeudamientoes poco clara no sólo en el caso de las provincias sino también en el de la Nación.
• Que no se tomó en cuenta una sugerencia del propio gobierno salteño para que se determine qué tipo de deudas podían estar financiadas con fondos de la Nación y cuáles no, para evitar salvatajes indiscriminados.
• Que no se fijaron premios y castigos que estimulen la mejor recaudación provincial y el mejor aprovechamiento de los recursos.
• Que no se tuvo en cuenta un cronograma, sugerido también por el propio Romero, para que se compensen las deudas entre Nación y provincias con fechas ciertas.
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