El gobierno de Néstor Kirchner intentará avanzar en el mediano plazo (en el segundo semestre del año) en una medida impositiva, en la que fracasaron sucesivamente las administraciones de Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde: que los jueces paguen el Impuesto a las Ganancias. Para esto el Poder Ejecutivo piensa en dos estrategias: enviar un proyecto de ley desde Presidencia o revitalizar cualquiera de los textos que descansan en alguno de los cajones de los legisladores. La idea es que para el ejercicio fiscal 2004, todos los jueces y el personal administrativo con salarios superiores a los jueces de primera instancia tengan una ley reglamentada por el Ejecutivo y avalada por la Corte Suprema de Justicia; el ámbito donde hasta ahora quedaban archivadas todas las buenas intenciones para terminar con este privilegio.
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En este proyecto trabajan, por ahora independientemente, la Subsecretaría de Ingresos Públicos de Economía, que maneja Mario Presa, y el Ministerio de Justicia de Gustavo Béliz a través del viceministro Abel Fleitas Ortiz de Rozas. La primera dependencia analiza el cálculo de lo que se pierde de recaudar por no afectar a la Justicia con este tributo. Según los números preliminares, la cifra no sería menor a los 50 millones de pesos; más dinero que cualquiera de las investigaciones por evasión que encara la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). En la cartera de Béliz, Ortiz de Rozas analiza la estrategia política para que esta vez el tema tenga final feliz.
Según declaró el viceministro en los últimos días, la idea es avanzar «a través del diálogo». Lógicamente se sabe en el gobierno de Kirchner que este proyecto generará un nuevo frente de tormenta; otro más ante el Poder Judicial que siempre consideró directamente «inconstitucional» cualquier embestida de este tipo. La esperanza oficial es que los cambios en la Corte, comenzando con el entronamiento de Eugenio Zaffaroni, generen otro clima.
La clave del problema es que cualquier ley que se apruebe en el Congreso, aunque sea con 100% de apoyo de los diputados y los senadores, podría ser inútil ya que una simple acordada de la Corte en contra daría nuevamente el tema por terminado. Según la Constitución Nacional, y en teoría para preservar la independencia de la Justicia ante los embates de los otros dos poderes, es la Corte la única institución que puede actuar sobre los salarios de los magistrados. Si desde la Corte se decide que aplicar Ganancias se trata de un hecho inconstitucional, inmediatamente el tema es descartado al menos hasta la próxima embestida del Ejecutivo.
Fue durante la década del '90, cuando en los sucesivos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se comprometía en definir este tema. El primero en asegurarlo fue Domingo Cavallo. Luego cayeron en la misma promesa Roque Fernández y Fernando de la Rúa, este último dos veces, con José Luis Machinea y Ricardo López Murphy. Domingo Cavallo también fracasó ante la Justicia, pero esa vez en la rebaja de los salarios públicos de 13%. Inmediatamente se declaró que la rebaja era inconstitucional con lo que nunca se les aplicó a los empleados judiciales y jueces.
El año pasado, Eduardo Duhalde y Roberto Lavagna fueron los últimos que intentaron avanzar en la aplicación de Ganancias para los magistrados. El anterior gobierno avanzó bastante en la idea, logrando incluso que en Diputados se le diera media sanción al proyecto. Sin embargo, cuando la ley estaba a punto de ser avalada por el Senado quedó cajoneada ante las negociaciones entre el Ejecutivo y la Corte para frenar la declaración de inconstitucionalidad del «corralito» y la dolarización de los depósitos.
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