Obras sociales: el gobierno desregula en cámara lenta

Si los sindicalistas requerían de más tiempo para "permitir" que se abriera el mercado cautivo de sus obras sociales, el gobierno se lo concedió. No se sabrá nunca si fue por torpeza o por halagarlos políticamente, pero el decreto que debería fijar las reglas de juego de la libertad de opción para cobertura médica demora casi todas las deter-minaciones sin fecha precisa. Este diario conoció ayer el texto que debe ser firmado hoy por los funcionarios. En general, es una especie de listado de los aspectos que todavía hay que regular. Vale la pena dar un ejemplo: en el artículo 2° se establece que habrá un formulario para cambiar de una obra social a otra o a una prepaga y que será la Superintendencia de Servicios de Salud la que elabore y apruebe el formulario respectivo. Más adelante, en el artículo 6°, se le da plazo de 90 días a esa Superintendencia para que eleve una propuesta de estructura organizativa, que debe ser autorizada por el Ministerio de Salud. Conclusión: por lo menos hasta dentro de 90 días ningún beneficiario podrá cambiar de cobertura, siempre y cuando se agilicen otras resoluciones sin las cuales el sistema no podrá funcionar. El decreto que estableció la desregulación a partir del 1 de enero es ya algo abstracto. ¿Conseguirán los sindicalistas el año de supervivencia que pretendían para sus "cajas"? Da la impresión de que ya lo consiguieron. Ahora les falta que les paguen los 250 millones que les prometieron para poder festejar también su propio "blindaje".

Las dos Alemania, la Federal y la Democrática, se unificaron en 11 meses. Es lo que tardará el gobierno en elaborar una reglamentación que permita la desregulación de las obras sociales. Si todo se hace acelerando el paso, no con la velocidad que se le aplicó hasta ahora al proceso, iniciado en junio con el Decreto 446, que prometía la libertad de opción de entidad de cobertura sanitaria para el 1 de enero próximo. La comparación con la integración alemana sirve para darse una idea de cuánto pueden influir sobre la realidad la morosidad del gobierno y la presión de los sindicalistas, combinadas.
Lo cierto es que ayer se conoció el decreto que se oficializará hoy y que debería reglamentar el proceso de la desregulación. No lo hace.

En el artículo 2°, esta nueva norma establece que el cambio de cobertura médica deberá realizarse con un formulario autorizado por la Superintendencia de Servicios de Salud. Pero en el artículo 6° le fija un plazo de 90 días a esa superintendencia para elevar al Ministerio de Salud (a cargo del filosindicalista Héctor Lombardo) una estructura operativa, que a su vez éste deberá autorizar.

También se establece, como informó este diario en su momento, que cuando un afiliado esté en medio de un tratamiento y se cambie de entidad, aquella que resulta abandonada deberá hacerse cargo durante un año de los costos de esa terapia.

Pero el decreto dice que la Superintendencia deberá todavía establecer las patologías por las que deberá responder la entidad de origen.

Todavía no existe ninguna norma para regular cómo se solventarán las coberturas especiales de salud (alta complejidad, etc.) a través del Fondo de Redistribución ni cuáles serán los criterios de auditoría para controlar la administración de ese Fondo. Estas carencias no tienen solamente relación con la velocidad de todo el proceso reglamentario: también son mate-ria de negociación con los sindicalistas a lo largo de los próximos meses.

En el caso de que un afiliado no aporte el mínimo de $ 20, se subsidiará su contribución hasta llegar a esa suma. El procedimiento por el cual una obra social o prepaga debe reclamar ese subsidio no está todavía elaborado y dependerá también de la Superintendencia.

El decreto tiene, además, dos concesiones notorias a los gremialistas. Por un lado, les concede a las obras sociales sindicales los afiliados que ingresen por primera vez a una relación laboral (los del primer empleo, que en general son jóvenes y vienen de hacerse un examen de salud preocupacional). Por otro lado, pone el control de cualquier irregularidad en manos de las oficinas de inspección de Trabajo, dependientes del ministerio del ramo pero con fuerte vinculación con los sindicatos, sobre todo en el interior.

Para evitar la selección negativa (que se pasen sobre todo los enfermos de una entidad a otra, como tiende a suceder) el decreto pone topes a los aspirantes que una entidad puede recibir. En el primer año sólo puede captarse 20% del padrón que esa obra social o prepaga ya tiene.

El decreto será firmado hoy pero está limitado a abrir un largo proceso de reglamentación de la letra chica en la que los sindicatos tratarán de sacar ventajas importantes y, preferiblemente, imperceptibles para la opinión pública en general. De ese modo, además, ganarán por lo menos un año para que sus «cajas» se vean realmente afectadas por la competencia.