Oficial: no suben salarios públicos

El gobierno no dará aumentos salariales para el sector público en todo 2003, y sólo estaría en análisis la incorporación a planta permanente o a algún status laboral menor para los trabajadores que estén dentro de la administración nacional con contratos mayores de dos años. La suma de estos empleados públicos, además, dependería de la disponibilidad de presupuesto en las diferentes reparticiones públicas.

Todas estas medidas fueron confirmadas ayer a este diario por la Jefatura de Gabinete que maneja Alberto Fernández, que además aseguró que esta situación se sostendrá ya que, según la visión del gobierno, los empleados públicos «tuvieron más estabilidad que los privados durante la crisis», además de «tener un incremento salarial con la incorporación del 13%», porcentaje de reducción que en su momento había dispuesto Domingo Cavallo durante el esquema de «déficit cero» de fines de 2001.

Fernández aseguró, además, que la posición del Ejecutivo se mantendrá aun luego del paro nacional y movilización en la Capital Federal que todos los gremios del sector público tienen preparado por el 6 de agosto próximo, donde exigirán un incremento en los salarios de los empleados públicos similar al que se implementó para los privados.

Esto es sumar al sector público los 200 pesos que hasta julio los empleados privados en relación de dependencia recibían como no remunerativos y que desde este mes comenzarán a integrar el salario básico en 8 cuotas consecutivas de 28 pesos.

Hasta ahora, los empleados públicos no habían reclamado airadamente que fuesen incorporados en los beneficiarios del aumento de los 200 pesos. Incluso durante las negociaciones del año pasado entre diferentes grupos empresariales, sindicatos y el Ministerio de Trabajo que comandaba en esos días Graciela Camaño, y donde participaron la Confederación General del Trabajo (CTA) y la Asociación de Trabajadores de la Argentina (ATE), y donde se resolvió que los privados paguen primero 100 pesos, luego 150 y finalmente 200 pesos no remunerativos, se rechazó la posibilidad de sumar a los privados. En enero de este año, uno de los términos para el miniacuerdo firmado con el FMI fue precisamente mantener los gastos presupuestados, donde no figuraban los empleados públicos.

•En claro

Luego de la asunción de Néstor Kirchner, cuando comenzaron las primeras embestidas de los gremios de estatales reclamando un aumento salarial, el Ministerio de Economía dejó en claro que no está pensado cualquier incremento de los salarios públicos para este año. Incluso, cuando el jueves 10 se anunció el aumento del salario mínimo vital y móvil para los privados de 200 a 220 pesos y la incorporación gradual de los 200 pesos al salario, Roberto Lavagna y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, dejaron en claro que por cuestiones presupuestarias no se podía pensar en un incremento de los pagos al sector público.

Como condimento, en el proyecto de presupuesto que se prepara para 2004 y que adelantó en exclusiva este diario el jueves de la semana pasada, tampoco se piensa en un incremento de los salarios de la administración pública.

Luego de estos anuncios, comenzaron las amenazas desde los gremios estatales y se anunció el paro y la movilización para el 6 de agosto, lo que llevó a Alberto Fernández (en teoría el funcionario que tendría a su cargo la reglamentación del incremento) a ratificar la posición oficial.

Lo que sí se estudia dentro de la Jefatura de Gabinete es la forma de implementar el programa para ir incorporando a empleados públicos que figuren en los listados laborales como contratados a una situación más estable.

En total, dentro de la administración pública nacional hay aproximadamente 15.000 empleados. De este universo, según la Jefatura de Gabinete, se tomarían únicamente los que hace más de 2 años que están trabajando para el Estado con contratos temporales, y dentro de éstos tendrían prioridad los de las reparticiones que cuentan con presupuestos que permitan la incorporación.

Según el criterio oficial, dentro de este tipo de empleados se encontraría una gran parte de profesionales que realizarían tareas centrales y que fueron incorporados en su momento con una estabilidad precaria. Dentro del cronograma que tiene en mente Fernández, los diferentes ministerios deberían enviar una lista a la Jefatura de Gabinete con las prioridades para ir incorporando personal, tomando parámetros de antigüedad y teniendo en cuenta los cupos de cada repartición.

Los críticos de la medida aseguran que en los últimos dos años, y mientras todo el sector privado redujo 4,7% los niveles de empleo, el sector público lo aumentó en 5%. Además, se sospecha que en realidad se quiere liberar la carga de contratados, para que el gobierno tenga vía libre para sumar más empleados públicos.