El Senado sancionó anoche una nueva prórroga, por 180 días, de la suspensión de ejecuciones hipotecarias de viviendas únicas y familiares, cuyos propietarios hayan contraído créditos en entidades no bancarias. El oficialismo se negó, sin embargo, a tratar sobre tablas un proyecto alternativo impulsado desde el radicalismo. Los senadores de la UCR proponían no sólo extender la prórroga de los remates, sino además incluir en el proyecto de ley un mecanismo sobre la base del principio de «per saltum» para que todas las causas que reciban fallos de primera y segunda instancia puedan ser recurridas directamente ante la Corte Suprema de Justicia. La idea finalmente fue desechada por el oficialismo. Cristina Fernándezde Kirchner criticó la iniciativa por considerar que traería inseguridad jurídica.
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También rechazó el bloque conducido por Miguel Angel Pichetto un proyecto de comunicación, sólo con efectos declarativos, en el cual se solicitaba a la Corte que se expida lo más rápido posible sobre la situación de los deudores que esperan un fallo para resolver su conflicto.
De este modo, la oposición buscaba trasladar toda la presión política a la Corte, que hasta ahora ha evitado expedirse sobre la cuestión y que, según plantearon algunos de sus miembros, encuentra dificultades en obtener la mayoría de cinco votos, cuando su conformación de nueve miembros se halla incompleta por la destitución de Antonio Boggiano y la renuncia de Augusto Belluscio.
El problema, que afecta a unos 14.000 deudores, es una derivación de la devaluación y la pesificación asimétrica dispuestas en las primeras semanas de 2002, durante el gobierno interino de Eduardo Duhalde. Por la Ley 25.798 de 2003 se dispuso la creación del Sistema de Refinanciación Hipotecaria, por la cual el Estado, a través del Banco Nación, se hizo cargo de las deudas contraídas con las entidades no bancarias, aunque por un valor equivalente 1 dólar = 1,40 peso más CVS (Coeficiente de Variación Salarial). Tras la prórroga aprobada ayer, en este nuevo período de 180 días se permitirá que nuevos deudores se inscriban ante el Banco de la Nación para ser incluidos en la prórroga.
Señal clara
«Apoyamos los 2/3 para tratar el tema, pero reclamamos emitir una señal clara. Queremos que se compense o que se establezca un 'per saltum' para que se eleve el tema a la Corte Suprema, se suspendan los procesos y que el máximo tribunal dictamine sobre la constitucionalidad o no de la 25.798 y de la pesificación», opinó el senador radical Alfredo Martínez. El salteño Ricardo Gómez Diez atribuyó a la indefinición de la Corte la imposibilidad de encontrar una solución definitiva a la situación de los deudores. La prórroga deberá ser aprobada por la Cámara de Diputados.
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