Cada uno a su manera, con sus propios argumentos, los gobiernos de la Argentina y Brasil explicaron oficialmente a los principales empresarios de sus países el acuerdo alcanzado el martes pasado para aplicar salvaguardas en los sectores afectados por la devaluación del real. En la Argentina, el ministro de Relaciones Exteriores, Adalberto Rodríguez Giavarini, reunió en el Palacio San Martín a ocho representantes de las principales agrupaciones empresarias, a los que le prometió que las salvaguardas para los rubros afectados estarán en funcionamiento antes de fin de año. Paralelamente, en Brasilia, los ministros de Relaciones Exteriores, Celso Lafer, y de Industria, Sergio Amaral, defendieron el acuerdo firmado en San Pablo con el argumento de que a la Argentina le resultará difícil «demostrar daños» a su industria como paso previo para la aplicación de las salvaguardas. Según la visión oficial del gobierno brasileño, y tal como aseguró ayer este diario, no existe «invasión» de productos de ese país en la Argentina. Para explicar la parte argentina del acuerdo, la Cancillería organizó un protocolar desayuno de trabajo en la propia sede del servicio exterior, el Palacio San Martín, adonde llegaron puntualmente a las 9 los empresarios invitados. Alrededor de Rodríguez Giavarini en el Salón Verde del primer piso del edificio, donde habitó alguna vez la familia Anchorena, se fueron sentando Emilio Cárdenas por la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Eduardo Olivera por la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina, Juan Bautista Peña por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Jorge Di Fiori por la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Gregorio Chodos por la Cámara Argentina de la Construcción, Manuel Cabanellas por la Confederación Rural Argentina (CRA), Enrique Crotto por la Sociedad Rural Argentina (SRA) e Ignacio de Mendiguren por la Unión Industrial Argentina (UIA).
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El primer momento de la reunión, café y austeras facturas de por medio, fue la explicación directa de Rodríguez Giavarini sobre el acuerdo firmado el martes en San Pablo. El canciller explicó la idea de la salvaguarda y la forma en que se llegó a esa decisión luego del encuentro de los presidentes Fernando de la Rúa y Fernando Henrique Cardoso, y reiteró su visión sobre la necesidad de reformar los vínculos políticos entre los dos países y reforzar el bloque «ante los sucesos del 11 de setiembre».
Inmediatamente el canciller dio lugar a las preguntas. La mayor parte de los cuestionamientos se orientaron hacia el peligro de que en la reglamentación de la salvaguarda, que se negociará en los próximos 15 días, los mecanismos que se apliquen sean caros y burocráticos, con lo que la posibilidad de atender a los sectores con problemas se eche a perder.
Para reforzar los argumentos de los industriales, se mencionaron algunos casos en los que los argentinos (como los juguetes, que perdieron más de 3 millones de dólares contra Brasil en los últimos años, y el calzado, donde no se respetan los cupos firmados con Brasil hace dos años) trataron de aplicarse salvaguardas en engorrosos procesos que terminaron fallando en contra de los locales.
Promesa
Ante esto el propio Giavarini tomó la promesa personal de que en la reglamentación de la medida se tendrán en cuenta estas situaciones y que la velocidad en la aplicación de la salvaguarda será «extrema». Inmediatamente los empresarios pidieron más precisiones. «Antes de fin de año ya estarán aplicadas en los sectores donde se detecten daños más profundos». Los empresarios tomaron la palabra oficial y prometieron defender el acuerdo. Así se manifestó Jorge Di Fiori, que consideró la medida como «positiva y esperanzadora» y prometió defenderla entre el 1 y el 2 de noviembre, durante unas jornadas con sus colegas del Mercosur, más Chile y Bolivia, mientras festeje el 77º aniversario de la CAC.
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