Para el Banco Mundial, Chile y Uruguay son los líderes anti corrupción de la región

Chile es uno de los países del mundo más efectivos en el control de la corrupción y el líder de América Latina en esa categoría, según un informe del Banco Mundial (BM) publicado, que evalúa la situación en más de 200 países.

La octava edición de "Los Indicadores Mundiales de Buen Gobierno" destaca también las eficaces políticas contra la corrupción de Uruguay que está, al igual que Chile, por delante de otras grandes economías de la región como México, Brasil o Argentina.

El análisis subraya, además, el progreso en la última década en Perú en el apartado de "Voz y responsabilidad" y en Colombia en "Eficacia gubernamental".

En el lado opuesto se encuentra Venezuela, donde la situación ha sufrido un "fuerte deterioro" en la última década, según el BM. En Bolivia, las cosas también han ido a peor en apartados como el de "Aplicación del derecho".

Por lo demás, el estudio hace hincapié en que el buen gobierno no es un privilegio exclusivo de las naciones más ricas.

De hecho, Chile supera a España en cinco de las seis categorías analizadas y una docena de países en desarrollo y emergentes, incluidos el propio Chile, Uruguay, Costa Rica, Eslovenia, Botswana y Hungría tienen mejores puntuaciones que Italia o Grecia.

Para Daniel Kaufmann, ex director anti-corrupción del BM y co-autor del informe junto con el economista del Banco Mundial, Aart Kraay, el que un país haya logrado entrar en el club de los ricos de la OCDE "no garantiza que es un modelo de buen gobierno".

"Países como Italia, Grecia, España y EE.UU., por nombrar sólo algunos, afrontan desafíos en varias dimensiones de gobernabilidad y no son siempre modelos a seguir como algunos de los países nórdicos o Nueva Zelanda, por ejemplo", dijo a Efe Kaufmann, en la actualidad analista del centro de estudios Brookings Institution.

Los autores del informe definen gobernabilidad como las tradiciones e instituciones mediante las cuales se ejerce la autoridad en un país, lo que incluye la forma en la que se seleccionan, controlan y reemplazan los gobiernos, así como la capacidad de estos para formular e implementar políticas sólidas.

A eso se suma el respeto de los ciudadanos y el estado por las instituciones que gobiernan las interacciones económicas sociales y económicas entre ellos.

El estudio, en el que participaron decenas de miles de personas de todo el mundo, desde ciudadanos de a pie, hasta expertos del sector privado, organizaciones no gubernamentales (ONGs) y representantes del sector público, incluye seis grandes apartados.

El primero es el de "Voz y responsabilidad", que determina hasta qué punto los ciudadanos de un país son capaces de participar en la selección de sus gobiernos, así como de disfrutar de libertad de expresión, asociación y una prensa libre.

Los mejores países en este apartado son Uruguay, Costa Rica y Chile.

En el segundo capítulo, que analiza la "Estabilidad política y ausencia de violencia-terrorismo", destaca la baja puntuación de Colombia, que se coloca a la cola en la región, seguida por debajo de Venezuela.

La "Eficacia gubernamental" mide, por su parte, la calidad de los servicios públicos, la capacidad e independencia de los funcionarios y la buena formulación de políticas. Chile, Uruguay, Costa Rica y México están a la cabeza.

Por otro lado, la "Calidad regulatoria" determina la habilidad de los gobiernos para poner en marcha regulaciones que impulsen el sector privado y la "Aplicación del derecho", la confianza en el sistema legal y el cumplimiento de las normas establecidas. La lista la encabeza Chile, mientras que el peor parado es Cuba y Venezuela.

La última categoría, el "Control de la corrupción", determina hasta qué punto el poder público actúa en beneficio del conjunto de la ciudadanía, al luchar contra la corrupción a pequeña y gran escala y contra la "captura" del estado por las élites económicas y los grupos de interés.

Los peor situados son Haití y Venezuela, en tanto que los mejores son Chile y Uruguay.

El estudio demuestra que el buen gobierno ayuda en la lucha contra la pobreza y mejora los estándares de vida. Según los autores, cuando el buen gobierno mejora en una desviación estándar, la mortalidad infantil disminuye en dos tercios y los ingresos se multiplican por tres a largo plazo.