Peleas entre empresas por precio del gas de Bolivia

Recién ahora empiezan a advertirse algunas de las consecuencias del acuerdo sobre la importación de gas de Bolivia. Lo que en principio pareció ser una transición casi burocrática por la cual ENARSA, la empresa estatal de energía, pasó a ser la importadora, ahora comienza a suscitar conflictos.

Hasta agosto de este año, las importadoras eran Repsol-YPF y Petrobras, por su doble carácter de productoras en Bolivia y en la Argentina. Pero por el acuerdo entre los presidentes Kirchner y Morales, al pretender revaluar las empresas estatales, la operación quedó en cabeza de YPF Bolivia y de ENARSA.

En los últimos días trascendieron quejas de empresas y de la Unión Industrial de Córdoba sobre Repsol YPF, aunque presumiblemente también debe de haber diferencias entre Petrobras Argentina y las industrias que le adquieren gas.

En principio, el problema es que Repsol y Petrobras tienen acuerdos con ENARSA sólo hasta el 31 de diciembre. Por eso Repsol envió notas a las industrias que abastece, ofreciéndoles «dar por resueltos» los contratos vigentes si no puede renovar el convenio con la compañía estatal para el año próximo.

Según la petrolera, «los contratos tienen una cláusula que prevé su rescisión en caso de que Repsol no cuente con el gas», por lo cual no podría alegarse incumplimiento de lo firmado.

Los contratos tienen distintos plazos, entre 5 y 15 años, y una fórmula sobre el precio con ajustes periódicos, según lo pactado en 2004, antes de que los gobiernos de la Argentina y Bolivia fijaran un valor base de 5 dólares por millón de btu, sujeto a variaciones según valores del petróleo y derivados.

En nota al Ministerio de Planificación, la Unión Industrial de Córdoba solicitó la intervención oficial para que «ENARSA provea a Repsol YPF los volúmenes necesarios de gas para que ésta cumpla los compromisos asumidos en negociaciones aceptadas por todas las partes mediante ofertas irrevocables, en cantidades y precios, con los industriales de la provincia».

La entidad añadió que «por el momento no hay motivo que pueda afectar la relación jurídica de las industrias con Repsol YPF, por lo que solicitamos (al Ministerio) que se inste a la misma a que se continúe cumpliendo con los compromisos asumidos».

También trascendió que la empresa Arcor le habría comunicado a Repsol que el hecho de que la petrolera hubiera cambiado de proveedor no puede modificar las condiciones pactadas, ni tampoco podría ser causa para dejar de cumplir el suministro de gas comprometido.

Por su parte, Papelera Tucumán también manifestó similares argumentos, con el agregado de que en este caso está pagando mensualmente un cargo para el fideicomiso con el cual Repsol amplió en 2005 el Gasoducto del Norte. La petrolera consideró que debe darse por concluido el contrato vigente, a menos que pueda renovar con ENARSA o que la papelera consiga otro proveedor de gas, en cuyo caso sólo debe seguir abonando el cargo del gasoducto.

El conflicto tiene dos componentes principales:

Las industrias temen quedarse sin contratos a partir de 2007 y que ENARSA evalúe que necesita más gas para usuarios residenciales (demanda que no se puede interrumpir por ley) y no les renueve convenios por la misma cantidad del producto. Por otra parte, a medida que crece la intervención estatal, hay cierto temor de que haya preferencias para la asignación del gas, porque todavía no está funcionando a pleno el mercado electrónico, donde deberían licitarse los volúmenes de gas disponiblespara la actividad productiva.

Los contratos firmados en 2004 aseguraban precios para las industrias menores que los 5 dólares acordados como valor base con Bolivia. Y en el caso del gas, como en el de la electricidad, las grandes industrias se resisten a pagar la energía a valores internacionales, aun cuando ajustaron los valores de sus productos a partir de la devaluación.
(Teóricamente, el Estado va a compensar el aumento pagado a Bolivia con las retenciones a la exportación de Chile, pero por ahora es dudoso.)

Probablemente las industrias ahora volverán a decir que no pueden mantener sus precios sin variantes si les sube el valor del gas, por lo cual las quejas que trascendieron implican cierta presión sobre el gobierno por los controles del secretario Guillermo Moreno y para seguir obteniendo energía más barata.