11 de enero 2002 - 00:00

Petroleras aportarían $ 1.400 millones para cancelar retenciones

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, salió ayer al cruce de las críticas que había provocado en algunos legisladores justicialistas el proyecto oficial de reemplazar las retenciones a las exportaciones de hidrocarburos, establecidas en la Ley de Emergencia, por un aporte de las empresas petroleras por 1.400 millones de dólares en efectivo y en el término de 30 a 60 días.

Capitanich dijo que el gobierno «no cambiará las retenciones por un crédito», y afirmó que el Ejecutivo «no acepta presiones de ninguna naturaleza». Sin embargo, también dijo que «la Ley 25.561 (de emergencia económica) establece las facultades que tiene el Poder Ejecutivo para fijar retenciones a las exportaciones de hidrocarburos, nosotros estamos analizando técnicamente las múltiples alternativas disponibles como la propuesta de adelantar una masa de recursos de 1.400 millones como anticipo del pago de la aplicación de una virtual regalía».

De esta forma, Capitanich desmintió que las retenciones vayan a eliminarse, pero, tal como estaba planteándose desde el fin de semana, confirmó que se estudia reemplazarlas por un aporte de las petroleras por 1.400 millones de dólares.

Esa suma cancelaría a valor presente el total de las regalías a las exportaciones de petróleo crudo en 20% y al gas, y a los combustibles en menor proporción estimadas para los próximos cinco años, según el precio actual del crudo.

El gobierno necesita el dinero lo más rápido posible para respaldar la pesificación de las deudas en dólares, y no le convendría recibir pagos escalonados a lo largo del año que, según se estima, rondarían los 60 millones de dólares considerando el actual precio del crudo.

Por eso, hay quienes dicen que el proyecto surgió del propio gobierno, de Capitanich en particular, y otros creen que fueron los petroleros locales Carlos Bulgheroni y Oscar Vicente los que lo convencieron de que era una alternativa más favorable para el gobierno.

En el proyecto para lograr los fondos, participan todas las empresas que intervienen en la industria petrolera local, aparentemente sólo con la excepción de Petrobrás, lo que se explicaría por su reciente ingreso en el mercado argentino y por su carácter estatal.

Anoche trascendió un borrador de documento de las compañías en el que se afirma que el Ejecutivo, las provincias petroleras y las empresas del sector «se encuentran trabajando intensamente para reglamentar la Ley 25.561 en lo atinente a la contribución de las empresas para resolver la grave situación económica y financiera del país».

• Fondo compensatorio

El proyecto indica que «inicialmente la ley contempla la aplicación de las retenciones a las exportaciones de hidrocarburos y existe predisposición de las empresas petroleras de facilitar en su lugar la constitución de un fondo de compensación (para las entidades financieras) a través de un mecanismo eficiente que evite las distorsiones en el programa de inversiones, empleo y exportaciones ya programadas».

También, el proyecto agrega que «la cooperación de las empresas permitirá, por el momento, no trasladar a los precios finales de los combustibles el impacto de la devaluación».

Este borrador de documento habría terminado de zanjar las diferencias entre las empresas.
Para algunas, debía hacerse un aporte que adelanta las retenciones y que, por lo tanto, no las elimina y no es reintegrable, para otras, se trataba de un aporte que harán las empresas a cambio de un bono a largo plazo y con una tasa de interés muy baja o de un anticipo de impuestos futuros para cuando venzan los cinco años de las retenciones.

Finalmente, ganó terreno el criterio del aporte para cancelar anticipadamente las retenciones.

Esta iniciativa, aun cuando no tenga ningún reintegro, resultaría más beneficiosa a las petroleras que las retenciones, porque, según afirman los voceros empresarios, «le da previsibilidad al negocio». Según la misma opinión, una retención de 20% con el crudo a 20 dólares el barril implicaría desinversión en los yacimientos que exigen mayores costos, como los de la Cuenca del Golfo de San Jorge, y la desactivación de algunos proyectos de exportación de gas porque ya no resultarían rentables.

El proyecto de un aporte no reintegrable entra de lo previsto por Capitanich en sus declaraciones de ayer.
«Pretendemos que exista una cooperación lisa y llana», dijo Capitanich, y puntualizó: «No queremos sustituir una contribución por un crédito».

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