Piden terminar con el trabajo en negro

Distintos sectores involucrados en la problemática del trabajo en negro -el Estado, los empresarios, los trabajadores- coincidieron en la necesidad de instalar el tema en el centro del debate nacional y la urgencia de aportar respuestas inmediatas para atacar una situación que ya alcanza a 47,5% de la población económicamente activa. En el marco del II Foro sobre Clandestinidad Laboral, organizado por la Unión Argentina de Entidades de Servicios (UDES), la viceministra de Trabajo, Noemí Rial; el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Alberto Abad; el laboralista Héctor Recalde, y el empresario Norberto Peluso señalaron que el trabajo en negro tiene una incidencia en la economía argentina que llega a proporciones que comprometen su desarrollo sustentable.

Peluso y el titular de UDES, Jorge Alvarez, destacaron que se está llevando al país a contraer una «enorme e inafrontable hipoteca social» que obliga a revertir «este fenómeno de la clandestinidad laboral que ha instalado una cultura de evasión y elusión, ya que las empresas que mantienen trabajadores informales no cumplen tampoco con otras obligaciones fiscales». Los empresarios señalaron que, en contrapartida, las que cumplen con todas las normas y obligaciones están sujetas a una altísima presión fiscal. «Sufren, de tal manera, la aplicación de impuestos distorsivos -al cheque, a los Sellos, a Ingresos Brutos- que se parecen a las abolidas aduanas internas.» En el capítulo de las demandas, UDES señaló algunos aspectos conducentes a despejar la incertidumbre empresaria. En tal sentido se refirió a la «necesidad de contar con una solución al tema Ley de Riesgos del Trabajo que no implique mayores costos empresarios en la economía formal y acabe con la reaparición de la industria del juicio por accidente».