Plan ahora contra empleo en negro

El gobierno anunció ayer que saldrá a combatir el trabajo en negro. Lo hizo a través del ministro Carlos Tomada, en un encuentro con diputados. No hay coherencia: hace una semana se dispuso una medida que incrementa el empleo en negro (la que subió haberes mínimos e incorporó $ 200 a remuneraciones). Ahora, salen a combatirlo. ¿No habría sido mejor nunca disponer la medida inicial? ¿O pensar antes los efectos negativos que iba a traer aparejados? Cuanto más costo sume el gobierno para contratar un empleado, más desempleo habrá. O más personal no declarado. Ahora el ministro Tomada busca, a través de un decreto de necesidad y urgencia, la posibilidad incluso de subir penas y, eventualmente, cerrar empresas que cuenten con personal no declarado. Un contrasentido, alejado de los problemas que atraviesan empresas, pequeñas y grandes, comercios y los propios trabajadores a los que en teoría se quiere beneficiar.

El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, reveló ayer que el gobierno reasumirá en los próximos días el papel de policía laboral en todo el país. «Queremos combatir el trabajo en negro e informal, que hoy alcanza 40% del mercado, y mejorar la recaudación previsional», subrayó durante una cita a puertas cerradas con el bloque PJ de Diputados. Se permitiría al Ejecutivo clausurar empresas con trabajadores en negro. En este sentido, lanzarían un plan concentrado en los principales empleadores.

En tren de brindar detalles, Tomada anunció que «ya tenemos redactado un borrador de decreto de necesidad y urgencia que espera la firma del presidente Néstor Kirchner». Si el ministerio pretende recuperar esta facultad de hacer inspecciones, sólo puede hacerlo por ley o por la vía que señaló. El funcionario se lamentó de que, en los últimos 10 años, las provincias no pudieron cumplir este rol.

«La idea es terminar con esta cultura del incumplimiento; por eso, acordamos una política conjunta con la ANSeS y la AFIP para perseguir a los evasores, además de acordar acciones con el Consejo Federal del Trabajo que integran las carteras laborales de cada distrito», abundó el ministro.

La confesión de Tomada sobre el proyecto desató algunas reflexiones entre los legisladores. Algunos, en voz baja, coincidieron en que semejante avanzada puede contribuir a precarizar aun más el empleo. El gremialista Saúl Ubaldini, siempre locuaz en la materia, señaló que «el propio Estado fomenta el trabajo en negro». Se refirió a empresas que prestan servicios en organismos públicos con personal flojo de papeles. Tomada no desmintió al cervecero. «El Estado debe corregir muchas cosas y, obviamente, dar el ejemplo».

• Contradicciones

La menemista Alejandra Oviedo se atrevió a plantear contradicciones de la Nación en relación con las provincias, ya que en los Estados del interior también hay empleados en negro. «¿Cómo puede ser, señor ministro, que Economía presione a los gobiernos provinciales para que bajen el gasto y, por el otro, se pongan rigurosos en materia laboral?», inquirió la delegada menemista. Tomada repitió: «Lo vamos a ir corrigiendo».

«Apoyaremos todas las medidas que tiendan a recuperar la dignidad del trabajo y nos opondremos a todo aquello que flexibilice la situación de los compañeros trabajadores», dijo Ubaldini con retórica ochentista. El ministro quiso entusiasmarlo con una prédica contra las políticas «neoliberales» que «ya fracasaron». «De a poco, pensamos recuperar el salario, redistribuyendo los ingresos», sentenció.

Tomada, que estuvo acompañado por su colaboradora Noemí Rial, comentó que el gabinete apuesta a generar empleo a partir de la obra pública. Siguiendo un esquema inaugurado por Graciela Camino (su antecesora en Trabajo), se daría prioridad a los beneficiarios de planes Jefas y Jefes de Hogar.