El Estado argentino contestará el próximo 17 de diciembre la primera demanda que se tramita en el CIADI, tribunal arbitral dependiente del Banco Mundial dedicado a las controversias fundadas en los tratados bilaterales de protección recíproca de inversiones. La demanda, que ya llegó al punto en que el Estado debe presentar su respuesta, es la de la norteamericana CMS, accionista minoritaria de Transportadora de Gas del Norte.
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La fundamentación que está preparando la Procuración General del Tesoro, a cargo de Horacio Rosatti, se considera clave porque será la línea a mantener en los restantes juicios que se inicien en el CIADI, la mayoría de los cuales se originó en la misma cuestión: los cambios en los contratos de concesión de las empresas de servicios públicos, luego de la Ley de Emergencia que dispuso la devaluación y la pesificación y congelamiento de las tarifas. Por eso, la Argentina pidió una extensión del vencimiento original para responder a la demanda de CMS, que se produjo la semana pasada.
En el CIADI hay una causa anterior de la francesa Vivendi por la rescisión del contrato de Aguas del Aconquija en Tucumán. Pero, en este caso, hubo un primer fallo adverso a Vivendi en el CIADI, en el que afirmaba que la compañía debía recurrir a la Justicia local y, ante la apelación, el organismo dictó la nulidad parcial de la decisión, por lo cual recién se está de nuevo en la primera etapa, que consiste en el registro de la demanda y la designación de los miembros del tribunal. De este modo, CMS será el estreno de la posición argentina frente a las denuncias de violación a los tratados de protección recíproca de las inversiones firmados en la década del '90.
• Decisión tomada
La decisión ya tomada en el máximo nivel del gobierno es realizar en cada caso la defensa técnica jurídica del Estado argentino. Por eso, se atravesarán todos los pasos previstos en el CIADI: la primera etapa de cruce de escritos y la segunda de audiencia oral, que estaría comenzando en el segundo trimestre de 2004. Paralelamente, la Argentina sostendrá desde el inicio y planteará taxativamente, cuando esté la decisión final del tribunal del CIADI, la necesidad de que esos fallos sean «controlados» por la Justicia local.
En este sentido, el procurador Rosatti viene sosteniendo que no se trata sólo de «verificar» los dictámenes desde el punto de vista de relevar si se cumplieron los pasos del «legítimo proceso», sino también de considerar si los posibles fallos están en consonancia con la legislación argentina, y en particular con la Constitución. La opinión oficial es que los tratados bilaterales de inversiones tienen categoría de ley, pero están por debajo de la Constitución nacional.
En los últimos días, el gobierno también dejó asentado ante el CIADI que no pueden tramitarse en ese organismo los problemas entre particulares, en los cuales no esté involucrado el Estado nacional. Esta posición se sostuvo cuando se discutió el registro de una compañía privada chilena debido a contratos incumplidos por empresas locales del transporte automotor. Otros dos aspectos intentará despejar la Argentina en las próximas semanas: uno, que no pueden admitirse los juicios de accionistas minoritarios; y otro, que no puede permitirse que las empresas adhieran al «tratado de la nación más favorecida», es decir a cualquier tratado firmado con la Argentina que le convenga más a la demandante que el suscripto con el de su país de origen.
Con todo, si el gobierno logra avanzar en la renegociación de los contratos de las empresas privatizadas, es posible que muchas de las causas que estén registradas no prosperen, porque antes de sellar las nuevas condiciones contractuales, el gobierno pediría la renuncia a litigar en el exterior. De ahí la importancia que tiene lograr que no pueda accionar el accionista minoritario.
