Hoy, a las 18, los principales dirigentes empresariales del país se reunirán con Carlos Tomada en su despacho del Ministerio de Trabajo. El tema de la audiencia -que se ha convertido en monotema para los empresarios desde hace algunas semanas-será, obviamente, el controvertido fallo de la Corte Suprema que eliminó los topes a las indemnizaciones por accidentes de trabajo.
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Los presidentes que concurrirán hoy a la cartera laboral serán Alberto Alvarez Gaiani (UIA), Julio Werthein (Bolsa de Comercio de Buenos Aires), Jorge Brito (ADEBA), Benito Legeren (CRA), Luciano Miguens ( Sociedad Rural), Carlos Wagner (Cámara de la Construcción) y Carlos de la Vega (Cámara Argentina de Comercio). Los acompañará Daniel Funes de Rioja, no en carácter de dirigentede la UIA sino como asesor letrado de este Grupo de los Siete.
Lo crítico de la situación parece haber sido suficiente para superar la histórica enemistad entre Tomada y Funes de Rioja. Es que, llamativamente, el gobierno parece compartir la preocupación del sector empresario en lo que hace a los posibles efectos (« devastadores», los califican en las empresas) de la decisión de la Corte, sobre todo en dos áreas clave: el empleo en negro y la resurrección de la industria del juicio.
Según fuentes de uno de quienes participarán hoy de la negociación, los dirigentes sectoriales no llevarán propuesta alguna al diálogo con Tomada, sino apenas una lista de «inquietudes» que esperan el funcionario hará propias.
También pedirán ampliar la convocatoria en el futuro a otro ministro, en este caso el jefe de Gabinete, Alberto Fernández. La fuente aclara: «Como fue superintendente de seguros en su momento, Fernández conoce los problemas que enfrentarán las ART en caso de que se aplique el fallo». Cabe recordar que el jefe de ministros ejerció esa función en tiempos en que Carlos Menem presidíael país y Domingo Cavallo era su ministro de Economía.
• Aspiración
De todos modos, y a pesar de que no lo harán público antes de la asamblea de hoy, varios de los dirigentes llegarán al edificio de Leandro Alem y Tucumán con una aspiración de máxima: que el Poder Ejecutivo -sea a través de un decreto de necesidad y urgencia o de un proyecto de ley para ser remitido en forma urgente al Congreso-disponga topes a las acciones civiles. Con esto en mente, también le pedirían a Tomada que haga de « puente» para poder encontrarse cara a cara con Néstor Kirchner, a fin de plantearle la crisis -por el freno a la inversión y al crecimiento del empleo-que podría avecinarse de llevarse a la práctica la sentencia de la Corte.
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