Presentó Lula una versión más suave de su reforma

Brasilia (ANSA, AFP, EFE, Reuters, Bloomberg) - El gobierno brasileño presentó ayer en el Congreso su proyecto definitivo de reforma previsional, la más esperada por el mercado, luego de una prolongada reunión en la que el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva no pudo evitar que sus propios legisladores suavizaran los recortes propuestos para las jubilaciones del sector público.

Como se cree que el trámite del plan en el Congreso podrá resultar más largo y tortuoso que lo previsto (de hecho, Lula reconoció que recién sería aprobado para fin de año) y aún faltan definiciones en términos de costo fiscal de las enmiendas introducidas, la reacción del mercado fue ayer de cautela. El dólar subió 0,7% hasta 2,87 reales y la Bolsa de San Pablo operó durante la mayor parte de la rueda en terreno negativo, aunque finalmente repuntó 1% principalmente debido a previsiones de un recorte significativo de la tasa de interés la semana que viene.

«Preferíamos una propuesta más dura para encarar mejor las negociaciones en el Congreso», dijo el economista Luiz Roberto Sampaio, de la consultora DC.

Según el gobierno, la nueva versión del proyecto mantiene el compromiso inicial de recortar gastos jubilatorios por 17.700 millones de dólares en 20 años.

Tras ocho días de idas y vueltas, el texto definitivo del proyecto permite que las jubilacionesde los empleados estatales sigan incrementándose cada vez que los empleados públicos reciban un aumento.

Lula quería desvincular las jubilaciones estatales de los salarios públicos, pero tuvo que ceder luego de un encuentro en la sede del gobierno, que duró más de 5 horas.

«El presidente comprendió que el mantenimiento de esta cláusula era importante para asegurar la aprobación de la reforma», dijo Nelson Pellegrino, jefe del bloque de diputados del Partido de los Trabajadores (PT), luego de la reunión.

• División

Del encuentro, la primera actividad de Lula luego de su gira por Europa, participaron también el jefe de la Casa Civil, José Dirceu; los ministros de Hacienda y Previsión, Antonio Palocci y Ricardo Berzoini; el líder del gobierno en la Cámara de Diputados, Aldo Rebelo; y el titular del PT, José Genoino. La reforma previsional provocó en los últimos días una fuerte división en el seno del gobierno.

El relator de la reforma en la Cámara baja, José
Pimentel, del PT, leyó en el recinto el texto final del proyecto en medio de los abucheos y silbidos de un centenar de empleados públicos que colmaban las galerías.

De acuerdo con Pimentel, los últimos cambios al proyecto no perjudicarán el objetivo del gobierno de clausurar el crónico déficit en el sector, proyectado para este año en 18.300 millones de dólares.

• Crítica

Pero, el diputado opositor Roberto Brant, ex ministro de Previsión, criticó al gobierno. «Cuando encontró las primeras resistencias, retrocedió. No tienen fuerza ni unidad política para lograr una verdadera reforma. En su primer test, el gobierno falló.»

El texto final también mantiene la llamada «integralidad» de las jubilaciones, es decir, que los empleados públicos podrán seguir recibiendo cuando se retiren un valor equivalente al último sueldo bruto en actividad. Pero eso sólo regirá para los empleados actuales.

Quienes ingresen en el sector público luego de aprobada la reforma tendrán un tope o techo en sus jubilaciones de 830 dólares, similar al que ya tienen los empleados del sector privado.

Al principio, Lula quería establecer ese tope también para los actuales empleados del sector público, pero la semana pasada dio marcha atrás debido a una huelga de los estatales -que entra hoy en su décimo día-y a la presión del Superior Tribunal Federal (STF, Corte Suprema), que amenazaba con bloquear la reforma por violar derechos adquiridos.

Los futuros empleados del Poder Judicial, que reciben los salarios públicos más elevados (2.800 dólares mensuales en promedio), «podrán tener un fondo previsional propio», según admitió el ministro Berzoini.

Los jueces, encabezados por el titular del STF, Maurício Correa, son los que más se opusieron al primer proyecto de reforma previsional, presentado por Lula al Congreso en abril, con el decidido apoyo de los 27 gobernadores del país.

A pesar de estas concesiones, los once gremios que reúnen a los empleados públicos nacionales ratificaron la huelga por tiempo indeterminado contra la reforma, cuya retirada exigen.

Se oponen, especialmente, a otros dos puntos clave del plan, que elevan en 7 años la edad para los retiros (de 48 a 55 años en el caso de las mujeres y de 53 a 60 años para los varones) y aplican un impuesto previsional de 11% a las jubilaciones mayores a 370 dólares mensuales.