Privatizadas ven "señales duras"

El convenio de asesoramiento técnico firmado el viernes entre el ministro de Planificación, Julio De Vido, y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), causó preocupación en empresas de servicios públicos porque ese centro de estudios es muy crítico del proceso privatizador de los años '90.

«Es una señal de que la renegociación de los contratos con el gobierno va a ser muy dura», dijeron en una compañía. El convenio marco con FLACSO, un centro de estudios muy respetado a nivel internacional, se firmó una semana después de que el gobierno anunció que extenderá
hasta diciembre de 2004 el plazo para renegociar los 61 contratos de las concesionarias de servicios públicos.

• Consultoría

Según fuentes del Ministerio de Planificación, el acuerdo por ahora implica una consultoría «ad honorem» sobre la evolución de los servicios públicos, su regulación y control. En una segunda etapa, el gobierno firmaría un contrato con la FLACSO para que colabore en la elaboración de un marco regulatorio general para todos los servicios, «que priorice los derechos de los usuarios».

Las mismas fuentes descalificaron los rumores sobre la creación de un súperente regulador a nivel nacional, que impulsarían legisladores de algunas provincias. El criterio de De Vido sería fortalecerlos actuales entes reguladores y consolidar la comisión renegociadora de los contratos, que desde hace una semana depende en forma conjunta de Planificación y Economía.

• Monitoreo

De Vido insistiría en nombrar a un funcionario con rango de secretario de Estado, encargado de monitorear el funcionamiento de los entes, y con el dictado de una ley con el marco regulatorio general. Por esa ley, entre otros aspectos, se evitaría que una sanción del ente regulador quede en suspenso si se apela en instancia superior.

Por otra parte, el gobierno reveló «malestar» por declaraciones de Camuzzi Gas Pampeana, según las cuales la empresa no puede aumentar la cantidad de clientes «porque la capacidad de transporte está limitada».

Según algunos trascendidos, durante la semana, Enargas solicitaría explicaciones a Camuzzi, y en segundo lugar a las empresas Transportadora de Gas del Sur y del Norte, y se ordenaría una auditoría de la capacidad de transporte y de las inversiones en ampliaciones de las redes de distribución.

No obstante, curiosamente, el gobierno estaría analizando en especial las tarifas de gas, porque se considera que se debe superar la « asimetría», por la cual los hogares más pobres que no tienen gas natural deben pagar un precio muy alto por la garrafa, cuyo valor está desregulado, mientras residenciales de altos ingresos, e industrias y comercios tienen las facturas pesificadas y prácticamente congeladas desde enero del año pasado.