Prohíben operar a petroleras que exploren en las Malvinas
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El ministro
Julio De
Vido, junto
con el
secretario
de Energía,
Daniel
Cameron,
presentaron
una declaración
complementaria
a la denuncia
del
acuerdo
petrolero
con Gran
Bretaña.
No hubo licitaciones conjuntas en la llamada área de cooperación que incluía aguas en disputa y aguas claramente argentinas. Tampoco funcionó la comisión mixta salvo para encuentros formales no habiendo reuniones después de 2002. Y la oferta que YPF en conjunto con British Gas presentó en la licitación de los isleños fue la única rechazada.
Durante el gobierno de Carlos Menem, el ex senador Eduardo Menem, aparentemente en desacuerdo con el ex canciller Guido Di Tella, impulsó una ley para penalizar a las petroleras que operaran en Malvinas y no pagaran un canon o regalía a la Argentina, que se quería ubicar en 3%. Pero el tema se diluyó porque la exploración convocada por los kelpers resultó infructuosa: se encontraron rastros de petróleo, pero no eran reservas comercializables debido al alto costo de extracción con relación al precio del combustible.
En 2005 y 2006, con la cotización internacional en permanente alza y la conflictividad en Medio Oriente, algunas empresas, entre ellas Desire Petroleum, dijeron que volverían a las islas.
De las compañías que ganaron la licitación en 1995, sólo Shell Exploration está en la Argentina, pero hasta ahora no hay noticias de que esa compañía aspire a regresar.
Asimismo, Techint fue proveedora del consorcio encabezado por la compañía anglo-holandesa.
El resto de los que resultaron adjudicadas por el gobierno isleño, con el respaldo explícito de Gran Bretaña, incluye a Amerada Hess, Fina Exploration Evergreen, Murphy South Atlantic Oil Company, Taikoku Oil de Japón, Argos Evergreen, Agip Exploration (Italia), Lasmo International, Clyde Expro, International Petroleum Corporation y Sands Petroleum.
Esto es que la gran mayoría de las empresas, en su momento interesadas en el petróleo de Malvinas, no opera en la Argentina, por lo cual no se les podrían aplicar sanciones si volvieran a probar suerte. Las últimas medidas del gobierno, en tanto, sólo crearían alguna inquietud por la seguridad jurídica de eventuales contratos.




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