25 de agosto 2004 - 00:00

Promulgan ley de control fiscal

El Poder Ejecutivo promulgó la ley de Responsabilidad Fiscal, que impone limitaciones para el gasto público primario de las provincias, mediante la publicación en el Boletín Oficial de hoy de la norma y del decreto reglamentario.

La ley, que regirá desde el 1 de enero próximo, fue impulsada por el gobierno nacional para compensar ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) la imposibilidad de sancionar una nueva Coparticipación Federal, que figuraba entre los compromisos asumidos ante el ente multilateral en el acuerdo firmado en septiembre de 2003.

La ley no permite el aumento de gasto primario en las provincias en caso de una mejora del crecimiento y pone límites al endeudamiento con organismos internacionales porque, según el entender del oficialismo, las provincias reciben más dinero por coparticipación federal de impuestos.

Los gobiernos de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires deberán tomar las medidas pertinentes para que su nivel de endeudamiento no supere 15 por ciento de los recursos netos.

Además, se estableció que aquellas jurisdicciones que superen ese porcentaje no podrán acceder a un nuevo endeudamiento, salvo que se constituya un refinanciamiento del ya existente.

En este marco, se creará el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal como órgano de Aplicación del Régimen establecido en la ley, con sede en Capital Federal, aunque sus integrantes se reunirán alternativamente -cada tres meses- en cada zona geográfica.

El organismo estará compuesto por los ministros de Economía, o funcionarios de responsabilidades similares, de todas las provincias que se hayan adherido.

El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a sanciones, tales como la divulgación de la situación en todas las páginas web de las provincias, restricciones en el derecho a voto o en el otorgamiento de avales y garantías.

Después de varios meses de debate, el proyecto fue aprobado por el Congreso el 4 de agosto, con algunas modificaciones y pese a la oposición de los legisladores radicales, quienes calificaron de "extorsiva" la normativa.

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