El gobierno espera hoy una señal favorable del Congreso para la prórroga de facultades para negociar contratos con las empresas de servicios públicos, que vencen a fin de año, hasta el 31 de diciembre de 2004.
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En principio, el Ejecutivo no conseguirá un aval absoluto, aunque ya existe la promesa de votarlo en el recinto del Senado en la primera quincena de agosto.
En la comisión de Infraestructura de la Cámara alta, que tiene previsto reunirse hoy a las 11, se cuestionan 2 aspectos del proyecto oficial, si bien nadie pone en tela de juicio la continuidad de esa potestad por un año más.
Por un lado, se objeta el artículo 2º de la iniciativa que autoriza al gobierno a hacer convenios por fuera del marco regulatorio. Por el otro, se critica que, en el artículo 4º, se establezca que el Parlamento cuenta con 60 días para aprobar las acuerdos firmados por el Ejecutivo y que, transcurrido ese plazo -esto es lo que genera mayor resistencia, la negociación queda convalidada de hecho, si diputados y senadores no se expiden.
Más allá de los justicialistas que pretenden maquillar estos puntos, el neuquino Pedro Salvatori (MPN), representante del Interbloque Federal de provinciales, hizo trascender que firmará un dictamen en disidencia, si no se modifican los aspectos censurables de la norma.
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