Protesta motorizada por los exportadores

Los agricultores y la mayoría de los integrantes de la cadena agrícola -exportadores, acopiadores y vendedores de insumos-paralizaron sus actividades esta semana.

La Argentina no contó, al menos en el mercado interno, con valores de referencia para sus principales commodities agrícolas. No obstante, el gobierno continuó emitiendo los valores FOB que permiten mantener la vigencia del país en la plaza internacional. El productor que quiso o necesitó vender algún tonelaje de grano no pudo hacerlo, al menos oficialmente.

Sorprendió, entonces, que uno de los sectores más beneficiados por la devaluación haya realizado una protesta, precisamente al gobierno que le cedió el mayor beneficio directo que se registra para el sector, al menos en los últimos 20 años: la licuación de pasivos. Es que antes de la devaluación 30% de las empresas rurales estaba al borde de la quiebra.

La reducción de la deuda bancaria y comercial del campo llegó a 75% durante el último año. Algunos análisis privados sostienen que la deuda del sector representaba 50% del valor de la producción (u$s 18.000 millones) y en la actualidad sólo alcanzaría a 15% del valor que hoy se ubicaría en u$s 14.000 millones (producto también de las retenciones que en el sector agrícola llega a 20%).

Lo cierto es que la pesificación facilitó cancelación de dudas que permitieron el resurgimiento de numerosos empresas agrícolas.

Por afuera de la agricultura la Argentina tiene aún numerosos problemas en diversas actividades (lechería, ganadería, avicultura, porcinicultura, fruticultura) vinculados a cuestiones de mercados, de clima, de renta, de negociaciones internacionales o de integración de las cadenas.

Pero el agro se muestra como uno de los motores de la economía del país, con ventas externas que podrían llegar a u$s 9.000 millones, únicamente por los principales granos y subproductos como aceites.

Los precios de los granos, pese a las fluctuaciones internacionales y los descuentos que implican las retenciones -también impuestas por este gobierno -treparon entre 270% y 320% luego de la devaluación. La renta agrícola no aumentó en la misma proporción aunque las empresas que producen granos muestran ganancias de 40% luego de la salida de la convertibilidad. Es que la soja valía 180 pesos y hoy $ 540, el maíz pasó de valer $ 84 a los actuales $ 230 y el trigo se cotizaba en $ 120 y hoy a $ 385. Antes de la devaluación el gasoil se pagaba 50 centavos de dólar y el trigo se cobraba a 98,1 pesos/dólares. Hoy el gasoil le cuesta al campo 60 centavos de dólar y el trigo se cobra a $ 380 o u$s 120 por tonelada.

La buena performance de la agricultura, generada por la devaluación, por los buenos precios y por la aplicación de tecnología adquirida en los '90, le cambió la cara a muchas ciudades del país.

• Las ventas de implementos e insumos agrícolas treparon 50%/70% durante los últimos doce meses.

• Las fábricas de maquinaria agrícola y de repuestos muestran ventas que superan en 50% en sembradoras y tractores y 70% más de cosechadoras a las comercializadas durante 2001.

• Empresas, consultoras, distribuidores y fabricantes de maquinaria admiten que vendieron 60% más.

• Creció 30%/35% la venta de pick-up y utilitarios rurales.

• La venta de agroquímicos trepó 35%. El «efecto dominó» de las mejoras en la renta agrícola beneficia, con matices, a todas las empresas del sector.

No obstante, las entidades del campo coinciden en que la presión impositiva genera inviabilidad de la actividad. Un argumento conocido y escuchado por la sociedad, producto efectivamente de una voracidad recaudatoria del gobierno de turno.

Pero, ¿por qué hoy la cadena agrícola acompaña con énfasis este paro al gobierno de Duhalde, no realiza ningún tipo de negocio con granos y hasta se llega a impedir que quien quiera hacerlo finalmente desista?

• Razones

Existen poderosas razones para que los exportadores hayan decidido apoyar el paro comercial y hayan arrastrado consigo a todas las Bolsas de Cereales y entidades que nuclean a los operadores de futuros, acopiadores y vendedores de insumos: la negativa de Economía de permitir el ajuste por inflación en el pago del Impuesto a las Ganancias surge como el emblema de la protesta. Un reclamo justo que afectará la actividad de muchas empresas en el próximo ejercicio. Pero es la deuda de u$s 600 millones que el Estado mantiene con la exportación por las liquidaciones del IVA -de la presente campaña y de la anterior-y la devolución del factor de convergencia, lo que impulsó a tres docena de entidades (la mayoría representadas por una media docena de empresas que manejan el negocio de granos) a realizar este verdadero paro agrícola.

«Los exportadores saben que si no logran recuperar parte de esa deuda con este gobierno... lo tienen que dar por perdido...», admitía un operador del mercado de granos, que calificaba a la protesta como un verdadero lock-out impulsado por las principales exportadoras del país que lograron disfrazar con las entidades del campo las verdaderas intenciones de presión sobre un gobierno que, supuestamente, se va en dos meses y que no recibe a los exportadores desde el año pasado. Un problema más para el próximo gobierno.

No deja de despertar curiosidad también la sorpresiva unión productores-exportadores, ya que precisamente hasta mediados de febrero las entidades de productores reclamaban, con sentimiento, ante el gobierno porqué justo los exportadores continuaban descontando 10% sobre el pago de los granos en represalia «elíptica» sobre el Ejecutivo por las demoras en el cobro de sus deudas por IVA. Una tonelada de trigo que se operaba a u$s 120, en realidad era pagada u$s 108, y el resto pasaba a engrosar una deuda que la exportación aún mantiene con la producción por 600 millones de pesos. Ese encono contra los exportadores, al menos por una semana, fue olvidado por los dirigentes de Confederaciones Rurales Argentinas, Sociedad Rural Argentina y Federación Agraria Argentina, las entidades de productores que realizaron la protesta.