Eduardo Duhalde resolvió despolitizar la cumbre de gobernadores que se realizará mañana. Teme que la opinión pública castigue una reunión de mandatarios dedicada a discutir sobre candidaturas, estratagemas electorales, fechas para liquidar internas o elecciones generales, según lo que más convenga. Hay un motivo más para la discreción y es que el Fondo Monetario Internacional estará de visita a través de la figura de John Thornton, el encargado del caso argentino. Es cierto que la discusión política acentúa la impresión que existe sobre el país y que ya manifestó Thomas Dawson, el vocero del Fondo: «En la Argentina no existe consenso político para un acuerdo».
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Sin embargo, a poco que se repase cuál es la agenda de la cumbre federal, es fácil advertir que golpeará en el centro de la relación entre la Argentina y los institutos multilaterales de crédito. Hay 13 provincias que comprometieron programas de reformas, entre ellas el ajuste de 60% en el déficit fiscal, «ad referendum» de que hubiera un acuerdo con el Fondo y, concatenado con éste, desembolsos de dinero por parte del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Por eso los gobernadores, que se reunirán con Roberto Lavagna y no con Duhalde, harán un planteo formal al respecto. Concretamente, piensan preguntar al gobierno si ese acuerdo que sirvió de hipótesis para el ajuste fiscal se concretará o no. Si la respuesta es negativa, habrá que presumir que los mandatarios abandonarán la hoja de ruta trazada hace tres meses y apelarán a la única fuente de financiamiento que encuentran a mano: la emisión de bonos en cada distrito con problemas. En el gabinete de Duhalde se especula que hacia comienzos de octubre empezaría a verificarse de nuevo el «empapelamiento», como dicen con sorna. Fue justamente el abandono de esa práctica una de las condiciones que el Fondo quiso ver cumplidas para avanzar en la negociación. Como en un círculo vicioso, las tratativas retrocederían varios casilleros en vez de encaminarse hacia un desenlace positivo, como reclaman los gobernadores. Los funcionarios del Fondo ya conocen estas inquietudes y están al tanto de la posibilidad de que, por el lado de las provincias, los pactos alcanzados hasta ahora entren en cortocircuito. Hay delegados del organismo, de nivel técnico, que recorren las provincias en estos días para revisar los números y el cumplimiento de los acuerdos. La primera tanda de esa inspección le corresponde a Santa Fe, Misiones, Buenos Aires y Córdoba.
Esta discusión sobre las condiciones generales del ajuste en las provincias y sus posibilidades de financiamiento se articulará mañana con otra, de menor plazo. Los gobernadores presionarán a Lavagna para que complete las remesas mensuales de fondos que envía por coparticipación. Los mandatarios están quejosos porque advierten que la mejora de recaudación que se registra en la Nación no repercute en sus provincias, ya que proviene sobre todo de las retenciones a las exportaciones que no son coparticipables. En términos de fondos destinados a provincias, los ingresos tributarios descendieron. Esta disparidad irrita en general a los mandatarios del interior, pero se hace más enojosa cuando éstos advierten que el gobierno nacional se anima a reponer 13% recortado al sector público mientras que las administraciones de provincias deberán mantener esa reducción, con el peligro de que se generen conflictos por esa razón.
• Patacones
El «casus belli» de este conflicto por fondos mensuales será el manejo que la Nación viene realizando con los patacones bonaerenses. Como desde Hacienda se permitió que la provincia de Buenos Aires pague impuestos nacionales con ese papel local y la emisión de patacones fue cuantiosa, el Estado nacional cuenta con un monto de por lo menos 400 millones en esa cuasi moneda. Los gobernadores de las restantes provincias aducen, y se lo volverán a decir a Lavagna mañana, que ese «pozo» corresponde a fondos coparticipables que Economía no puede distribuir por la sencilla razón de que el patacón sólo tiene circulación en Buenos Aires. Varios mandatarios afirmaban ayer que para hoy exigirán que se les reconozcan las deudas pendientes en concepto de coparticipación (ver Ambito Nacional). Alguno hasta amenazó con parapetarse en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior hasta obtener una solución (problema para Jorge Matzkin, titular del área, que deberá pensar en la hotelería de su cartera) al reclamo. Mal momento para encarar esta querella por parte del gobierno central: esta semana depende más que nunca de las provincias para terminar en el Congreso con el juicio político a la Corte. No vaya a ser que los gobernadores se sirvan de esa urgencia para resolver sus demandas, con lo cual el conflicto volverá a repercutir en la negociación con el Fondo, que también espera un acuerdo con la Justicia para que el gobierno presente un plan monetario aceptable.
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