Proyecto que ya analizan sindicalistas y empresarios

1. «Consenso Macroeconómico». En rigor, en este punto se verifica la principal, aunque no única, contribución del gobierno: el marco macroeconómico esencial que respalda el desarrollo con equidad. Los distintos agentes privados y sociales, por su parte, toman nota de las señales en cuestión y articulan sus conductas de manera congruente. También es importante la referencia temporal que marque el pacto: por ejemplo, 2/3 años, con posibles renovaciones.

Dándose una comunidad política de base en 2007, como es de prever, el acuerdo puede extenderse por un nuevo período.

Así, el gobierno:

a) Ratifica y profundiza la señal de tipo de cambio real competitivo sostenible en el tiempo como eje de la estrategia de desarrollo, comprometiéndose las autoridades a explicar los medios múltiples conducentes al respecto (esto supone un claro "concierto" entre Economía y el Banco Central sin " neutralidad" de ninguna especie). La señal puede ser de tenor meramente cualitativo (pero, tomada en serio) o avanzar en un recorte más cuantitativo (vgr., cierto ajuste tendencial por algún criterio ligado a los precios internos conectado con la meta de inflación; aquí plantea la discusión sobre el "tipo de cambio real multilateral" y el "tipo de cambio real interno").

b) Reitera la concepción de una política monetaria que se propone armonizar dinámicamente el objetivo o meta de inflación ("plausible" según las condiciones del desarrollo) con la señal de tipo de cambio competitivo y con el aseguramiento de una liquidez razonable para el despliegue de la producción.

c) Confirma la señal de un tipo de interés (o "gama") referencial relativamente bajo y estable. Ello dependerá en gran manera de la confluencia entre las políticas monetaria, fiscal y de endeudamiento. Además, se debe ser consciente del papel de la tasa de interés de corto plazo como regularizador macroeconómico ("meta de inflación").

d) Ratifica la señal de la disciplina fiscal, con el papel estabilizador general y particular del superávit fiscal primario en las condiciones estructurales que afronta el país. Y, en el seno de aquélla, se marcan las prioridades del gasto público (infraestructura, ciencia y tecnología, educación, "gasto tributario" en favor de la inversión privada como una conveniente "descarga" del gasto público estimulando al sector privado).

e) Asume la meta de inflación, incluido un rango de variación atendible. Esta señal es clave como referencia en términos de estabilidad de precios, sirviendo como orientación para el proceso de regularización macroeconómica. Se recuerda la necesidad de armonización planteada en b).

f) Alude al marco macroeconómico que se vino desplegando como el encuadre más propicio para alentar un crecimiento y sustentable en lo externo y en lo social, en el que el indispensable proceso de formación de capital compagine con una instancia de mayor equidad (mejora distributiva: ampliación de la masa salarial combinando ponderadamente la franca reducción del desempleo con la mejora paulatina de los salarios) dentro de una ineludible óptica competitiva. Por todo esto, el acuerdo o pacto social es dinámico.

2. El compromiso de los agentes. Los "ingresos populares" (ver, por ejemplo, el punto 1.5, del documento tomado como referencia). En realidad, en tanto los agentes privados y sociales toman nota del marco macroeconómico, asumiéndolo como orientación estelar de sus respectivas conductas, las resultantes esenciales son: a) el compromiso inversor de los empresarios con la correspondiente creación de empleo, y, b) la afectación de la voluntad de los trabajadores al esfuerzo del desarrollo productivo apuntando a una mejora progresiva de sus condiciones de vida compatible con el proceso inversor.

Esto último exige establecer determinadas guías (guidelines) para encauzar la política de ingresos.

Adviértase que existe aquí un mandato histórico de reparación del trabajo en la Argentina en cuanto a las condiciones del empleo digno, algo coextensivo a la necesidad de la reposición de un auténtico modelo productivo. Esto se proyecta como una tarea compleja, una meta en el tiempo que requiere sentar plazos y procedimientos y que corre pareja con la consolidación del crecimiento y de la formación de capital.

Sobre este trasfondo, enfrentamos el requerimiento de un cierto punto de equilibrio de partida, el que implica en líneas generales neutralizar las pérdidas en las remuneraciones sucedidas con motivo de la transición entre regímenes económicos. Esta instancia se llevó a cabo en buena parte del sector más formal de la economía, pero, pueden existir "residuos".

• Productividad

En la perspectiva más larga, la dinámica salarial debería computar el desarrollo en general y en particular de la productividad en consecuencia con la necesidad de apuntalar el proceso de formación de capital. Y, a su vez, la productividad debe concebirse de modo tal de tener en cuenta la prioridad de crear empleo.

Naturalmente, otro criterio a computar es el de la meta de inflación.

Todos, y cada uno, de estos elementos recién mencionados integrarían la ecuación salarial, estableciendo un marco orientativo para las distintas negociaciones sectoriales, las que ajustarían sus especificidades al tal marco. Naturalmente, esto puede ser establecido en el acuerdo a través de criterios cualitativos o echando mano de parámetros cuantitativos (" bandas" salariales, en cuyo " espacio" se ubican en las distintas negociaciones).

El mero establecimiento de ajustes globales suponen el riesgo de desconocer especificidades sectoriales pertinentes; la simple remisión a las paritarias sin contexto puede llevar a sorpresas desagradables (desbordes, etc). La lógica dice que si las partes suscriben el acuerdo, deben cumplirlo en sus áreas específicas. En su defecto, podría haber, en su caso, penalidades. Por otra parte, se supone que el Ministerio de Trabajo, con los procedimientos a mano, debe velar severamente por la congruencia entre las diversas negociaciones sectoriales con las pautas del acuerdo o consenso social.

Al articularse, en hipótesis, un horizonte para la política de remuneraciones, no puede prescindirse de sentar compromisos en materia de precios de algunos bienes que se consideren vitales, lo que requerirá "conversar precios" con los formadores (de precios) respectivos (acá habría que pensar si están dados, hoy, los mecanismos institucionales al respecto). Sobre todo, aunque no exclusivamente, en el ámbito de la intermediación. En rigor, la política monetaria tiene como "uno" de sus objetivos mantener la estabilidad de precios, pero, también debe admitirse la aplicación juiciosa de otros mecanismos en esa dirección.

Por su lado, los empresarios (mientras cumplen las pautas sobre remuneraciones) deben ratificar su decisión inversora. Desde ya, salvo en los compromisos mandatarios de inversión que corresponden a la órbita del Estado, lo que es pertinente integrar al pacto son compromisos (metas) indicativos u orientativos del sector privado en materia de inversión y de creación de empleo. Naturalmente, se podrá hacer anuncios de inversiones más específicas que respondan a decisiones estratégicas ya tomadas o en curso.

3. Ampliando la agenda. Los tópicos antes aludidos se refieren a políticas de corto y de mediano plazo que tienden a definir el marco macroeconómico básico desde la perspectiva del desarrollo con equidad. La agenda del consenso o acuerdo debería completarse con aspectos de orden más mesoeconómico (sectorial) y vinculados a determinadas reformas. Se enuncian aquí posibles ítem, cuya inclusión dependerá de diversas consideraciones de utilidad, urgencia, plazos de operación requeridos, etc. Obviamente, estas acciones, en cuanto a sus implicancias, deben ajustarse a los criterios ordenadores primigenios de carácter fiscal y monetario antes mencionados.

-Estímulo a la capacitación laboral. Aspectos institucionales y posibles estímulos para la interiorización empresaria de la capacitación.

-Mayor adecuación de los planes asistenciales vigentes con vistas al estímulo del trabajo genuino.

-Posibilidad de acelerar la reducción de la indemnización por despido en tanto se sobrecumplan determinadas pautas de creación de empleo (reducción del desempleo) fijadas.

-Combate al trabajo "en negro". No sólo por vías punitivas, sino apelando a instrumentos crediticios/fiscales según sea el caso.

-Puesta a punto del nuevo régimen de accidentes de trabajo.

-Examen de mecanismos canalizadores de mejoras salariales en la detentación de activos por parte de los trabajadores: vgr., certificados (participación) de inversión, etc.

-"Listado" de obras públicas (vialidad, energía, etc.) a cargo de la inversión estatal y de proyectos sinérgicos con el sector privado.

-No pareciendo prudente la atención inmediata de una reforma tributaria de más alcance (cambios en el IVA, el concepto de " integración" en el caso del Impuesto a las Ganancias, etc.), se puede colocar énfasis en la mayor reducción del impuesto "rústico" a las transacciones bancarias. Monitoreando las correspondencias que puede brindar el sistema financiero en términos de tasas de interés de las distintas líneas de crédito.

-No conviene anular ni reducir retenciones en sí mismas (un tema que no puede concebirse aisladamente de la política cambiaria). Pero, sí, podría pensarse en un efecto "devolutivo" circunscripto de las mismas según sea el caso: vgr., se reintegra el impuesto ante incrementos de exportaciones en determinadas instancias, se hace una cierta devolución transitoria en el caso de determinados cultivos.

-Medidas adicionales pro pymes. Buscar líneas de avance para limitar la inhibición de acceso al crédito que suponen los pasivos impositivos de las empresas.

-Examen de la conveniencia del régimen de " pasantías ampliado" como instrumento de especial uso por parte de las pymes.

-Tratamientos de sectores productivos (cadena de valor) a través de instrumentos que no colisionen en demasía con los criterios de la OMC.

-Posibilidad de definición de algunos proyectos ligados a determinadas series de bienes de capital que puedan merecer un apoyo ad hoc.

-Contribución del mercado de capitales a la financiación de la inversión productiva.

-Avance concreto en líneas de crédito a largo plazo en favor de la inversión. Contribución " estructural" del Banco Central al respecto.

4. Observación: evidentemente, la eventual formulación del consenso/acuerdo/ pacto social debe conjugar con el proceso de encauzamiento del default de la deuda pública externa y de las negociaciones externas " pendientes" (sin olvidar el tópico de la probable regularización paulatina de los regímenes de prestación de los servicios públicos).