En respuesta al proyecto que autoriza a la dirección de Rentas de la provincia de Buenos Aires a cobrar el Impuesto Inmobiliario junto a las facturas de las empresas de servicios públicos, organizaciones de defensa de usuarios y consumidores advirtieron que es posible que acudan a la Justicia en rechazo a la medida.
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El subsecretario de Ingresos Públicos de la provincia, Santiago Montoya, salió a defender enfáticamente la normativa señalando que «el cobro del anticipo del Impuesto Inmobiliario incluido en boletas de servicios públicos será compulsivo sólo para 3% de los vecinos de la provincia».
Precisó que afecta a un pequeño grupo de propietarios de viviendas de «valor fiscal superior a 180 mil pesos que corresponden a unos 550 mil pesos en valor de mercado», así como locales comerciales «con valuaciones fiscales superiores a 100 mil pesos, que equivalen a 300 o 350 mil pesos valor de mercado».
Perjuicios
En contraposición, Pedro Busetti, presidente de Deuco, una institución de defensa de los contribuyentes expresó que «la incorporación de los conceptos ajenos mencionados a pesar de que en general representan un porcentaje no demasiado significativo del monto final de las facturas -oscilan entre 3% y 10%-, ha provocado grandes perjuicios para los usuarios de los servicios involucrados, como la aplicación de intereses por mora, suspensión y cortes del servicio, doble imputación en el caso del alumbrado público».
Las organizaciones indicaron que iniciarán una campaña de recolección de firmas para «pedirle al gobernador Felipe Solá que no promulgue la ley». Busetti tiene planeado reunirse con otras entidades de defensa del consumidor, que tienen posiciones similares y con el objetivo de hacer un frente común en contra de la medida.
