El gobierno resolvía anoche la decisión a tomar en relación con las concesiones de los ferrocarriles. En principio, se decidiría intimar a Metropolitano, la empresa que más incumplimientos acumula, a que en el término de 20 días regularice la prestación del servicio, bajo apercibimiento de rescatar o rescindir la concesión.
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Según los términos del contrato, el Estado puede rescatar los ramales ferroviarios (en este caso, el Roca, San Martín y Belgrano Sur), pero debe pagar indemnizaciones importantes, lo que no estaría en los planes del gobierno.
La otra alternativa que plantea el contrato es la rescisión por culpa del concesionario. En este caso debe abrirse un período de prueba y de defensa por parte de la empresa, para lo cual se prevé como mínimo un plazo de 60 días hábiles.
En esta última situación, la decisión terminaría quedando en el próximo gobierno, con lo cual si lo que se pretendía, era lograr impacto favorable en el público con vistas a la campaña electoral, ese objetivo se habría frustrado.
Por último, queda la posibilidad de que bajo la amenaza de la rescisión o el rescate, el gobierno le exija a los actuales socios de Metropolitano (70% de Trainmet de Mario Montoto y Sergio Taselli, y 30% de Ormas) que venda la concesión o que se fusione con alguno de los otros prestadores del servicio. Para esta alternativa, habría sido sondeado la semana pasada Aldo Roggio.
Sin embargo, se afirma que es difícil que Montoto-Taselli acepten fusionarse, y que para vender la concesión, podrían pedir un precio muy alto.
De este modo, al gobierno no le quedaría otra salida que volver a intimar.
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