Riesgoso: gobierno ya opera en un 2005 sin acuerdo con el FMI

Crece en el gobierno la idea de seguir durante todo 2005 sin acuerdo con el FMI. La intención de la Casa Rosada es explicar como versión oficial que se trata de un paso adelante para la Argentina, que ahora no tendrá que enfrentar los reclamos periódicos del organismo. En realidad, todo es una estrategia obligada ante la imposibilidad de avanzar con ciertas exigencias que llegan desde Washington: conseguir una aceptación de 80% en la oferta de canje (ya hasta se duda que el inicio sea el 17 de enero), arreglar con las privatizadas, avanzar con una Ley de Coparticipación Federal, etcétera. El costo será alto, ya que el año que viene hay vencimientos por u$s 5.200 millones sólo con el FMI. Se podrían refinanciar unos 1.800 millones, pero aun así todavía habrá que pagar 3.400 millones de dólares (no se está pensando en otro default). Se trata de una apuesta de alto riesgo, ya que los inversores confían más en los técnicos del Fondo para conocer la información de un país, sobre todo sabiendo de la historia argentina. Además, reflejaríael desinterés del gobierno por avanzar con reformas necesarias para dejar atrás la inseguridad jurídica, con lo cual se demoraría más para atraer inversión extranjera. Mientras, el gobierno procura anunciar esta semana al banco internacional que se hará cargo de la oferta, aunque las negociaciones vienen complicadas porque varios decidieron abrirse antes de escuchar la propuesta. En Economía ya cuentan los días para evitar una nueva postergación del canje.

El gobierno decidió avanzar con un plan arriesgado para 2005: continuar sin acuerdo con el FMI durante todo el año y pagar la totalidad de los vencimientos de capital e intereses. El costo de la decisión es alto, ya que habría que hacer frente a pagos por u$s 5.200 millones en efectivo, de los cuales podrían postergarse por 12 meses unos u$s 1.800 millones.

Aunque desde la Casa Rosada y Economía se esmeran en explicar que se trata de una iniciativa autónoma, en realidad se adoptó por la falta de señales favorables que llegan desde el organismo internacional. Fuentes oficiales reconocen que aún sin demoras en el nuevo cronograma del canje de deuda (lo cual está seriamente en duda), recién en mayo podrían retomarse las conversaciones gobierno-FMI. Pero en ese momento volvería a ponerse en tela de juicio el grado de aceptación que puede tener la oferta. Pero aunque se consiguiera un resultado satisfactorio (que está todavía más en duda), el Fondo se pondrá firme con el cumplimiento de otras metas estructurales, como la renegociación de los contratos con las privatizadas y una nueva ley de coparticipación federal, dos proyectos lejanos a la agenda oficial.

«En ningún lado está escrito que la Argentina deba tener indefinidamente un acuerdo con el FMI. Y si pagamos los vencimientos no tendríamos problemas», explicó a este diario una alta fuente del Palacio de Hacienda. «No sería romper con el Fondo ni declarar la liberación. Simplemente no estaríamos dentro de un programa», agregaron.

Una de las consecuencias de no tener acuerdo con el FMI es que se evitan las revisiones trimestrales del organismo para los controles de metas cuantitativas-(recaudación y emisión monetaria, por ejemplo) y cualitativas (trato con privatizadas, reformas estructurales, etcétera). El ideal que comparten Néstor Kirchner y Roberto Lavagna es quedar bajo el Artículo 4° del organismo, es decir estar sometidos sólo a una revisión de rutina cada dos años, tal como hoy tienen los Estados Unidos, Australia y otras naciones que no cuentan con programas bajo el paraguas del Fondo.

• Interrogante

La gran incógnita es cómo tomarán los inversores un paso de estas características, ya que podrían considerar que la Argentina no está dispuesta a dar los pasos necesarios para reducir sus niveles de inseguridad jurídica o que se quieren evitar las revisiones a fondo que realiza cada tres meses el organismo.

La otra consecuencia central es que sin acuerdo vigente el FMI no hará nuevos desembolsos. Por lo tanto, la Argentina debería realizar cancelaciones de la deuda sin recibir créditos a cambio. En Economía minimizan esta situación y aseguran que no habría mayores inconvenientes para pagar. En ese sentido, destacan sobre los vencimientos de 2005 los siguientes puntos:

• En todo el año vencen u$s 5.200 millones.

• Pero del total, unos u$s 1.800 millones son prorrogables por un año con una sencilla aprobación del directorio, debido a que se encuentran en la categoría especial de «expectation», con lo cual la cifra real por pagar llega a u$s 3.400 millones.

• Por último, si se considera que en realidad hay u$s 500 millones en intereses (que el FMI nunca devuelve), durante el año próximo habría que enfrentar pagos por encima de lo previsto por u$s 2.900 millones.

La deuda total con el FMI asciende a poco más de u$s 14.000 millones, pero no hace falta pagarla toda junta para no tener programa con el organismo. En realidad, se trata de vencimientos escalonados en los próximos cuatro años.

¿De dónde saldría el dinero para los vencimientos de 2005? Es un tema que aún se encuentra en plena etapa de análisis, aunque existen distintas alternativas, dentro de un amplio abanico, que ya se pusieron sobre la mesa: adelantos transitorios del BCRA ( aunque no se cambie el límite habrá más margen porque tanto la recaudación como la base monetaria siguen creciendo), parte del superávit alcanzado por el gobierno en 2004 ( depositado en el Banco Nación), acuerdos con países como China y Corea para colocar bonos por sumas muy chicas para el volumen de estas naciones, aceleración de desembolsos del BID y el Banco Mundial y colocaciones en AFJP.

• Iniciativa

Dentro del Palacio de Hacienda toman esta iniciativa como una verdadera « lección» para los fondos buitre que resisten el canje de la deuda. «Si le hubieran pedido al FMI que nos apoye, hubiéramos tenido recursos para una oferta mejor. Ahora es imposible, porque todos los fondos adicionales al pago de la deuda serán dedicados al organismo.»

En el FMI la idea no disgusta. Todo lo contrario; Rodrigo de Rato podría mostrar a los países del G-7 (que finalmente lo contrataron) que consiguió uno de los principales mandatos que le dieron al asumir: reducir drásticamente la exposición crediticia del organismo en la Argentina.