Desde enero de 2003 hasta marzo de este año, 2,4 millones de usuarios se vieron perjudicados e impedidos de contar con el servicio de electricidad y de telefonía básica por el robo de 6.302 kilómetros de cable. Por este motivo, el ombudsman de la Nación, Eduardo Mondino, firmó ayer una resolución en la que le recomendó al ministro de Economía la creación de un registro nacional de productores y exportadores de desechos de cobre y la exigencia de un certificado que acredite el origen no delictivo de ese material emitido por una autoridad competente.
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Los datos sobre robo de cables surgen de un relevamiento hecho por la Defensoría del Pueblo de la Nación en siete provincias y Capital Federal en el servicio eléctrico y en el ámbito nacional en materia de telefonía básica. Están excluidos los usuarios de televisión por cable y los de ferrocarriles, que sufren frecuentes inconvenientes por el mismo.
Según el informe, el robo alcanzó a 6.302 kilómetros de cable, es decir, el equivalente al doble de la distancia que hay entre Ushuaia y La Quiaca. El costo de reposición representa aproximadamente 28,3 millones de dólares.
• Exportación
Según la Defensoría del Pueblo, esto está íntimamente ligado a la exportación de desechos de cobre, que en el mismo período alcanzó los 10 millones de dólares. En concepto de derechos a las exportaciones, el Estado, a su vez, descontó 4 millones de dólares.
El problema continúa sin solución, aunque el Ministerio de Economía dictó una normativa en enero de 2003 donde fijó un derecho a la exportación de 40% para los desechos y desperdicios ferrosos en función del notable aumento de esas exportaciones (logrando cierta baja en el robo), y la AFIP inició en 2002 acciones judiciales por sospecha sobre el origen del producto.
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