Rodeados, tratan nulidad de leyes

Economía

El peronismo de Diputados recibió anoche con alivio la noticia de que Néstor Kirchner había adherido por decreto al tratado de 1968 que declara imprescriptibles las violaciones a los derechos humanos.

La resolución del Ejecutivo, reclamada por el bloque radical, despeja el camino para acordar ahora una posición común con la principal bancada opositora. Esto le permitiría al PJ bajar hoy en mejores condiciones a debatir la nulidad de la Obediencia Debida, el Punto Final y los indultos de Carlos Menem. Y, quizá, darle -con 2/ 3 de adhesiones- rango constitucional a la Convención, según lo que pide la Casa Rosada. Esta aprobación podría cerrar cualquier querella parlamentaria sobre las leyes del perdón.

Más allá de cierto optimismo, antes de la medida del PEN, parecía difícil que esta tarde pudiera votarse un proyecto definitivo sobre Obediencia Debida y Punto Final. Los oficialistas eran conscientes de que no tienen salida y que, apurados por la izquierda y las Madres de Plaza de Mayo -que coparán desde temprano las adyacencias del Congreso-, deberían prestarse bajo presión a la discusión programada por Patricia Walsh (Izquierda Unida).

En busca de una puerta de emergencia, tenían previsto imponer su plan original:
dar quórum, pero pasar -lo antes posible- a un cuarto intermedio, de manera tal de ganar tiempo y negociar una alternativa con la UCR y otros bloques aunque demoren una semana. A ojos de las escuderías mayoritarias, resulta inviable aprobar lo que reclama Walsh, entre otras cosas, porque la declaración de inconstitucionalidad de las leyes del perdón compete a la Justicia, no a diputados y senadores.

• Inoponibilidad

Si fracasa el intento de posponer la discusión, los justicialistas avanzarían con su iniciativa que establece la «inoponibilidad» de la Obediencia Debida y el Punto Final a «los hechos y delitos, cualquiera haya sido la fecha de su comisión, que satisfagan la definición del Derecho de Gentes, como crímenes de lesa humanidad conforme a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, o contrarios a los principios de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención contra la Tortura, Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y demás tratados y convenciones internacionales ratificados por la República Argentina».

Según el texto que redactaron
María del Carmen Falbo, Ricardo Falú y Juan Manuel Urtubey, estas circunstancias « son insusceptibles de amnistía, indulto o prescripción». La norma, sea como fuere, deja sentado el criterio de los legisladores sobre los delitos aberrantes cometidos durante el último régimen militar (una forma de evitar el escrache del PC y sucedáneos), pero concede a la Corte y los tribunales inferiores la facultad de expedirse sobre la nulidad o no de las leyes.

Los radicales
Horacio Pernasetti, Juan Jesús Minguez y Pascual Cappelleri exigieron el jueves, vía proyecto de declaración, que el gobierno ratificara la Convención sobre Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Acompañaron esta demanda con una propuesta de ley, destinada a que sean «beneficiados con la prescripción, indulto, amnistía o cualquier otra forma de renuncia al ejercicio de la acción penal, los delitos mencionados» en ese pacto internacional.

Salvado el primer punto, los peronistas esperan encontrar hoy buena acogida en la UCR de cara a buscar una iniciativa que declare imprescriptibles estos delitos y así permita a los jueces la reapertura de procesos contra jefes de las 3 armas en el país, tal cual desea Kirchner. A las 11,
los PJ tendrán que superar las disidencias domésticas pendientes, ya que todavía muchos legisladores siguen pensando que sólo corresponde un pronunciamiento judicial en la materia y no hay nada que sancionar en el recinto.

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