22 de agosto 2001 - 00:00

Sacarán una ley contra la industria del juicio

Entre 1992 y 2000 el Estado nacional perdió juicios previsionales por más de 11.358 millones de pesos, los cuales fueron abonados con bonos 8.840 millones y 2.518 millones en efectivo.

La situación actual a diciembre pasado muestra que hay 120.000 juicios en trámite, 70.000 sentencias abonadas y 35.000 sentencias pendientes de pago.

Para este año la previsión presupuestaria es 769,7 millones de pesos, de los cuales se cancelarán 272,8 millones en efectivo y 496,9 millones en bonos.

Dolor de cabeza

El alto nivel de litigiosidad es otro de los grandes dolores de cabeza de la ANSeS.

Son cuatro las causas por las cuales trabajadores retirados emprenden juicios contra el Estado por reclamos previsionales: por el cálculo del haber inicial; por el ajuste del haber, es decir la movilidad; otros reclaman por los topes establecidos por distintas leyes y decretos; y la cuarta causa es la ejecución de sentencias.

El problema ya advertido desde hace años y con mayor virulencia desde la reforma previsional del '94, deberá ser resuelto atacando:

el colapso del proceso contencioso, porque hay una verdadera imposibilidad de responder eficiente y profundamente a la demanda, argumentan desde la cartera laboral. Cada abogado de la ANSeS debe atender 1.600 juicios.

El desborde en el proceso de liquidación de sentencias.

Los recurrentes cuestionamientos en el armado del orden de prelación de pago de sentencias.

La falta de certeza del pasivo del Estado nacional.

Ayer la ministra Bullrich presentó el plan de lucha integral contra la litigiosidad para eliminar la llamada industria del juicio previsional.

Potestad

Se trasladará la potestad de interpretación administrativa de la ANSeS a la Secretaría de Seguridad Social, lo cual, de acuerdo con Bullrich, impedirá la pluralidad de interpretaciones existentes en el órgano administrador dictando un solo camino interpretativo.

El plan se apoyará en la sanción de una ley de lucha integral contra la litigiosidad previsional, que se basará en la ratificación de la eliminación de los regímenes especiales, el dictado de normas específicas y claras respecto de los procedimientos previsionales como por ejemplo los plazos de caducidad y prescripción, a la vez que se establecerán los delitos contra la seguridad social y las incompatibilidades.

«Con la sanción legislativa de estas normas, señalan desde la cartera laboral, se logrará una justa armonización entre los intereses de los beneficiarios del sistema previsional y de la sociedad en su conjunto.»

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